El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería. Esta reforma busca repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida. Sin embargo, ya se prevé una fuerte división de opiniones entre los partidos políticos.
El Partido Popular (PP) ha adelantado su «no» a la propuesta, tras rechazar sus condiciones. Asimismo, partidos como ERC, Junts y Vox también han manifestado su oposición.
Los detalles de la proposición de ley y su impacto en las comunidades
La proposición de ley, firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, se registró recientemente en el Congreso. El texto propone que el Gobierno pueda elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la Comunidad Autónoma a la que se trasladen los menores migrantes no acompañados en situaciones de sobreocupación en Canarias, Melilla o Ceuta.
La capacidad de acogida y sobreocupación actual
El objetivo es resolver la sobreocupación actual en un año. Por ejemplo, en Canarias, donde la capacidad es de 2.000 plazas pero la sobreocupación se produce a partir de 3.000, actualmente hay 6.000 menores no acompañados. En Ceuta, la capacidad es de 88 plazas y la sobreocupación se produce a partir de 132, mientras que en Melilla, con una capacidad de 166 plazas, la sobreocupación se fija a partir de 249.
La financiación y controversias
Un punto controvertido es que la propuesta no incluye una dotación económica para implementar el nuevo sistema de reparto. Esto ha generado críticas y preocupaciones por la viabilidad práctica de la medida.
Las reacciones de los grupos parlamentarios
Vox ha rechazado desde el principio la propuesta, mientras que Junts ha condicionado su apoyo a la exclusión de Cataluña del reparto de menores migrantes. El Ejecutivo ha señalado que el reparto será vinculante para todas las comunidades.
Ángel Víctor Torres, ministro, ha mantenido contactos con el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, con el objetivo de buscar el apoyo del PP. Sin embargo, el PP se ha mostrado firme en su negativa, argumentando que la ley «se basa en la imposición y no en el diálogo». Según Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, el Gobierno necesita hacer «cesiones» si desea su apoyo.
Las condiciones del PP para apoyar la reforma
El PP ha planteado varias condiciones para considerar su apoyo a la reforma:
- Declarar la emergencia migratoria a nivel nacional.
- Ofrecer financiación a las comunidades autónomas.
- Mayor implicación del Gobierno en la gestión de menores.
- Aumentar el control de fronteras.
- Negociaciones con Europa para implementar medidas.
- Realizar inversiones y acuerdos con los países de origen de los migrantes.
Además, el PP exige que el reparto sea para todas las comunidades, sin excepción, en respuesta al rechazo de Junts en Cataluña.
Las posturas del Gobierno y ministros
Ángel Víctor Torres ha insistido en que el PP debe votar a favor, calificando de incongruente cualquier otra postura. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha expresado su confianza en que el PP, como mínimo, se abstenga en la votación.
Por otro lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de abrazar mensajes xenófobos y ha subrayado que «no caben medias tintas» en la reforma de la ley.
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha descartado la posibilidad de retirar la reforma si no obtiene suficiente apoyo. López ha enfatizado que la solidaridad se demuestra con acciones políticas, como acoger a niños que huyen de sus países por hambre, guerras y miseria.
El posible plan b: Decreto-ley
En caso de que la proposición no prospere, el ministro Torres ha mencionado que el Gobierno está dispuesto a aprobar la reforma como Decreto-ley en el Consejo de Ministros, si cuenta con el apoyo del PP. De este modo, la medida se aplicaría de manera inmediata y luego sería convalidada con el «sí» del PP 30 días después.
Un acuerdo previo y reparto voluntario de menores en comunidades
En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en junio, Gobierno y comunidades acordaron el reparto voluntario de 347 menores migrantes solos, con una dotación de 20 millones de euros. De este modo, comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, y Galicia, entre otras, se comprometieron a acoger a un número específico de menores.
El acuerdo del año pasado también estipulaba el traslado de 373 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta, con un presupuesto similar. No obstante, las comunidades solo acogieron al 16% (62) de los menores en 2023.
La reforma de la Ley de Extranjería y la propuesta de reparto de menores migrantes no acompañados continúan generando intenso debate y controversia. Con posturas firmes y condiciones difíciles de reconciliar, el futuro de esta reforma dependerá de negociaciones cruciales y de la capacidad del Gobierno para reunir el apoyo necesario. La solidaridad y la gestión eficaz de la crisis migratoria son temas que seguirán predominando en la agenda política española.
