El futuro del tiempo de trabajo en España está en el aire. El Ministerio de Trabajo y Economía Social continúa con su objetivo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025, manteniendo los salarios actuales. Sin embargo, las negociaciones con la patronal, representada por CEOE y Cepyme, siguen siendo tensas.
Puntos de desencuentro en la negociación
Desde que se iniciara la mesa de diálogo social en enero, los sindicatos CCOO y UGT han acusado reiteradamente a la patronal de no presentar propuestas concretas y de no aclarar su postura sobre la reducción de jornada. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha criticado duramente la actitud de la patronal, acusándola de mantener una «huelga de brazos caídos».
Para impulsar las negociaciones, el Ministerio presentó una propuesta que ofrece a las empresas mayor flexibilidad en la distribución irregular de la jornada laboral. Esta medida, que afecta al 10% de la jornada anual, busca facilitar la adaptación a la nueva jornada reducida, especialmente en sectores con ciclos productivos variables como la agricultura o la hostelería. Además, se propone un endurecimiento de las sanciones para las empresas que cometan infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores.
Posibles escenarios: acuerdo o conflicto
A pesar de las tensiones, la ministra Yolanda Díaz se muestra optimista y confía en alcanzar un acuerdo. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha abierto la puerta a la negociación, aunque advierte de que esto no implica una aceptación automática de la propuesta. Garamendi insiste en que reducir la jornada laboral supondría un importante coste para las empresas, equivalente a «regalar» casi 12 días de vacaciones pagadas al año por trabajador.
Ante la incertidumbre, los sindicatos han advertido de posibles movilizaciones en otoño si la situación se bloquea. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que habrá protestas si no se produce un avance significativo en las negociaciones. Tanto CCOO como UGT se muestran abiertos a negociar la entrada en vigor de la reducción de jornada, pero exigen que la medida se concrete en un proyecto de ley este verano y que no se posponga la reducción del tiempo de trabajo.
