La Fundación CERMI Mujeres ha denunciado ante el Comité Económico y Social Europeo las violaciones «graves y sistemáticas» de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad en Europa.
Fue en el marco de una audiencia pública organizada por el Grupo Permanente sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del CESE, según indicado el CERMI en un comunicado, de la mano de la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y presidenta del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, Ana Peláez Narváez.
Según Peláez, debido a los mitos y estereotipos negativos y a la falta de conocimiento sobre la discapacidad, las mujeres y adolescentes con discapacidad sufren con frecuencia prácticas nocivas y maltratos que afectan de forma traumática a su salud sexual y reproductiva, con consecuencias a veces irreparables para sus vidas.
«Todo ello provoca un mayor riesgo de sufrir explotación sexual, violencia sexual, embarazos no deseados y de padecer enfermedades de transmisión sexual, frecuentemente a manos de las personas más cercanas, sin que se sepa o se denuncie», aseguró Peláez.
Peláez destacó durante su intervención que la Unión Europea y sus estados miembros tienen la obligación de cumplir con los principios y mandatos que establecen las convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas. Especialmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD).
También tienen que respetar, según apuntó, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y la Directiva de la Unión Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Alguna de las exigencias para garantizar estos derechos es velar por la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo; poner fin a la violencia sexual y a las prácticas nocivas, y asegurar un acceso efectivo a la justicia, incluida la rehabilitación y reparación a las víctimas.
Durante el evento, se debatió con otras organizaciones de la sociedad civil y partes interesadas sobre las buenas prácticas existentes en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad, así como sobre los retos a los que estas se enfrentan en la Unión Europea y en todo el mundo.
