El Consejo de Ministros aprobó este viernes un anteproyecto de ley para reformar la Constitución española de 1978 con el objetivo de limitar el aforamiento judicial de diputados, senadores y miembros del Gobierno de España pero explicó que tardará casi un año en culminar todos los pasos legislativos necesarios.
Así lo anunció la vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Presidencia e Igualdad, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que dio el visto bueno a esta reforma bajo su presidencia ante la ausencia de Pedro Sánchez, de viaje oficial a Argentina para asistir a la cumbre internacional del G-20.
La reforma constitucional afecta expresamente a los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución y pretende que los miembros del Consejo de Ministros, los diputados nacionales y los senadores sólo estén aforados ante el Tribunal Supremo para posibles delitos cometidos “en el ejercicio de su cargo” y “en el periodo de su mandato”, pues les retira el aforamiento para todo lo demás y una vez que abandonan el cargo.
Calvo informó que el anteproyecto para reformar la Constitución se envía ahora al Consejo General del Poder Judicial para que elabore el informe preceptivo en el plazo máximo de un mes. Después, lo aprobará para su envío a las Cortes Generales y que pueda ser ratificado por el resto de los partidos.
Cuando eso se produzca, la reforma constitucional entrará en vigor pero el Gobierno seguirá con otras modificaciones legales para adecuar todo el marco normativo a la nueva realidad. Por eso, admitió que “nos damos el plazo de un año para hacer toda la transformación que requiere”.
“Pensamos que tiene que salir adelante y ser entendida por el resto de los grupos parlamentarios que tienen la llave para sacarla adelante”, dijo. En este sentido, admitió que se trata de una reforma de la Constitución “cuantitativamente pequeña por los dos artículos que afecta pero políticamente muy importante”.
Con el objetivo de recabar esos apoyos, comentó que el presidente del Gobierno va a iniciar la semana que viene una “ronda de trabajo y puesta en común” con el resto de los portavoces y grupos parlamentarios para conseguir que la reforma constitucional salga adelante, ya que necesita obligatoriamente su apoyo.
La vicepresidenta hizo un llamamiento en este sentido a la oposición para secundar la reforma con el objetivo de que la situación de aforamiento de los políticos “se parezca al resto de Europa” y quede limitado exclusivamente al ejercicio del cargo, en vez de “proteger a las personas, que es lo que sucede hasta ahora”.
Calvo dio a entender que los delitos de corrupción seguirán siendo motivo de aforamiento y descartó que en la Constitución vaya a incluirse una lista del tipo de irregularidades que seguirán dependiendo del Tribunal Supremo y cuáles de un juzgado ordinario.
La vicepresidenta explicó que la reforma constitucional requerirá después un proceso de adaptaciones en las leyes actuales para limitar los aforamientos de los políticos e incluso para equiparar a esta nueva situación la de otras altas instituciones del Estado.
Precisó que la reforma no afectará a los diputados autonómicos ni a los miembros de los gobiernos regionales porque el Gobierno no puede modificar los Estatutos de las comunidades pero se mostró convencida de que el cambio nacional hace que esos aforamientos de los que ahora disfrutan queden “cortocircuitados” y tengan que suprimirse después.
