Izquierda Unida ha presentado este martes en la Audiencia Nacional una petición para personarse como acusación popular en el ‘caso Kitchen’ que investiga la presunta operación sufragada con fondos públicos reservados para recuperar documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas relativa a la financiación irregular del PP.
En su escrito, al que tuvo acceso Servimedia, la coalición argumenta que tiene «interés en tener conocimiento y poder actuar en la presente instrucción ante la presunta comisión de diversos delitos de extrema gravedad y que afectarían a diversas instituciones del Estado».
Considera que existen elementos en la causa que permitan atisbar la «concatenación de conductas altamente irregulares y reiteradas en el tiempo, que siendo penalmente relevantes causan a su vez un grave descrédito al funcionamiento democrático de nuestro país y de las instituciones públicas, en especial del Ministerio del Interior, conductas criminales que tendrían por objetivo ocultar a la justicia pruebas relacionadas con la corrupción del que fuera uno de los partidos políticos más importantes del país».
IU recuerda que ya está personada como acusación en el caso de los llamados ‘papeles de Bárcenas’, que se sigue también en la Audiencia Nacional, por lo que es «perjudicada directa» en este caso al haberse «obstruido la labor de investigación que viene impulsando esta acusación desde el 28 de febrero de 2013», cuando interpuso querella criminal por la comisión de diversos delitos ligados a la financiación ilícita del Partido Popular y sus dirigentes.
Ademas, es parte como acusación en la causa que investiga la desaparición de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP, proceso en el que desapareció el expediente de la apelación tras un primer sobreseimiento, «que todo apunta que se trató de un robo con objeto de ralentizar la causa e impedir su investigación coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 y elecciones generales diciembre de 2015».
La coalición apunta a que aquel robo se produjo en fechas similares a aquellas en las que, al parecer, actuó la trama investigada en este caso y que tenía por objeto, presuntamente, obstruir la labor de la justicia.
Entiende, por todo ello, que tiene «plena legitimación para poder personarse como perjudicada directa de los delitos objeto de investigación y actuar en la presente causa» llevada por los principios de salvaguarda de los intereses de la ciudadanía, la interdicción de la arbitrariedad, la defensa del patrimonio y erario público, la lucha contra la corrupción institucional y la erradicación de los espacios de impunidad penal.
