El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará hoy la convalidación o derogación del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre, por el que las entidades financieras pagarán el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava las hipotecas.
El debate de este real decreto, que comenzará a las 9.00 horas, llega después de la controversia ocasionada por la decisión del Tribunal Supremo de que los clientes de las hipotecas siguieran pagando el impuesto, dando así marcha atrás a la sentencia dictada en octubre por la Sala Tercera del mismo tribunal en la que establecía un cambio de jurisprudencia por el que el impuesto debían asumirlo los bancos.
El 6 de noviembre, tras deliberar durante 15 horas repartidas en dos días de debate, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) decidió, con 15 votos a favor y 13 en contra, que sea el cliente de la hipoteca quien pague el impuesto.
Dos días después, el Consejo de Ministros aprobó en el real decreto ley la modificación del artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Concretamente, el nuevo articulado establece que “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”.
Además, el texto también modifica el artículo 15 del Impuesto de Sociedades de forma que las entidades financieras no puedan deducirse el gasto ocasionado por el pago del impuesto de AJD.
Desde la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros, el Gobierno ha manifestado su confianza en que la mayoría del Pleno apruebe la convalidación del real decreto ley. Sin embargo, la polémica alrededor de este impuesto ha generado distintos posicionamientos en las fuerzas políticas, ya que el PP aboga por la eliminación del tributo y Unidos Podemos defiende que sean las entidades financieras quienes paguen el impuesto pero aplicando la medida con retroactividad, tal y como fijó la primera sentencia del Supremo.
