El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las iniciativas más ambiciosas puestas en marcha en España para abordar los desafíos de la pobreza y la exclusión social. Desde su implementación hace cuatro años, el programa ha demostrado ser una medida consolidada que ha logrado alcanzar a 860,000 hogares y 2.5 millones de personas en todo el país. Particularmente destacable es el hecho de que el 42.2% de los beneficiarios son menores de edad, lo que subraya el impacto del IMV en la reducción de la pobreza infantil.
Además, el programa ha logrado que en dos de cada tres hogares beneficiarios la titular sea una mujer, reflejando su importancia en la mejora de la igualdad de género. Estos datos demuestran que el IMV se ha convertido en una herramienta fundamental para promover la inclusión social y brindar una red de seguridad a los sectores más vulnerables de la población.
LA CONTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS MÍNIMAS AUTONÓMICAS
Uno de los aspectos destacados en la evaluación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es el papel desempeñado por las rentas mínimas autonómicas. Según el informe, aproximadamente la mitad de las comunidades autónomas han optado por eliminar sus propios programas de rentas mínimas, lo que les ha supuesto un ahorro de 510 millones de euros, equivalente al 11% del gasto destinado a este objetivo.
Sin embargo, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se subraya que un análisis objetivo de la situación debe tener en cuenta tanto las rentas mínimas autonómicas como el fenómeno del «non take-up», es decir, aquellas personas que aún no han solicitado el IMV a pesar de cumplir los requisitos.
En este sentido, el Ministerio afirma que ha realizado una búsqueda activa de beneficiarios desde el inicio de la prestación, y menciona medidas como la implementación de un teléfono corto exclusivo para beneficiarios o posibles beneficiarios del IMV.
AVANCES Y DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DEL IMV
El Ministerio también destaca que se ha avanzado hacia un mayor automatismo y gestión de la prestación en base a datos existentes en las Administraciones Públicas. Además, la aprobación del Real Decreto-ley que regula y favorece el tránsito del subsidio de desempleo al IMV, que entrará en vigor el 1 de noviembre, se espera que ayude a reducir la brecha de cobertura y agilizar la tramitación de la prestación.
Sin embargo, el Ministerio también reconoce que existen desafíos en la concesión del IMV de oficio, tal y como ha propuesto la AIReF. Según explican, la naturaleza del IMV, basada en el concepto de unidad de convivencia, y la falta de bases de datos precisas, hacen que esta opción sea «inviable y no recomendable» en este momento. Por lo tanto, el Ministerio se enfoca en flexibilizar los criterios de acceso a la prestación y mejorar la capacidad de las cuantías para reflejar con mayor agilidad la realidad económica de las familias.
En resumen, el Ingreso Mínimo Vital se ha consolidado como una medida fundamental para la inclusión social en España, con importantes avances en su implementación y gestión. Sin embargo, aún quedan desafíos por superar, como la integración de las rentas mínimas autonómicas y la reducción de la tasa de «non take-up». El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a continuar trabajando para perfeccionar el programa y asegurar que llegue a todos los hogares que lo necesitan.
