El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha enfatizado la importancia de respetar la investigación judicial a Ricardo Fuentes en curso sobre un presunto caso de pesca ilegal y blanqueo de capitales. Planas ha reiterado la posición del Gobierno de «tolerancia cero» frente a cualquier irregularidad en el sector pesquero, ya que España es «muy beligerante en contra de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada».
El titular del ramo ha señalado que su Departamento ha «cooperado plenamente» con la autoridad judicial en lo que les han solicitado. Además, ha indicado que este no es un tema que afecte exclusivamente a España, sino que «hay otros países miembros que están también concernidos por este tema». Planas ha expresado su voluntad de que «se haga toda la claridad posible» y que, si alguien ha cometido irregularidades, «deberá soportar las consecuencias administrativas y políticas».
Investigación de la Audiencia Nacional
La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha propuesto juzgar a ocho personas y a doce empresas, entre ellas el principal grupo exportador de atún a nivel mundial, por la comercialización de atún rojo presuntamente procedente de la pesca ilegal y por el supuesto blanqueo de los «cuantiosos» beneficios obtenidos.
La investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones utilizadas y las malas condiciones para el consumo humano de los atunes, a los que inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura, «poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores».
Según el auto de pase a procedimiento abreviado, los hechos investigados pueden ser constitutivos de diversos delitos, como falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales.
El Modus Operandi de la Trama
El auto explica que parte de la actividad de esta trama se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa vigente, mientras que otra parte se realizaba de manera irregular introduciendo en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de la documentación requerida para su captura y comercialización para consumo humano.
Para introducir el género capturado de forma irregular o procedente del exceso gestionado en sus granjas de engorde, recurrían a falsedades documentales de diversa índole. Además, durante el transporte, el género no cumplía con unas mínimas condiciones de higiene, como el aislamiento de los productos alimenticios en continente hermético o mínimamente protegido.
La constante adquisición de atunes rojos de procedencia ilícita y su cobertura en el tráfico mercantil mediante documentación manipulada, alterada o simulada, impedía la trazabilidad de los alimentos, lo que suponía un grave riesgo para la salud pública. Incluso, parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado, a los que inyectaban aditivos para dar una apariencia de frescura, poniendo en grave riesgo la salud pública de los consumidores.
