La Pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la vital importancia de los Técnicos de Transporte Sanitario en nuestro sistema de salud. Estos profesionales, que han estado en primera línea durante la crisis sanitaria, ahora se enfrentan a una lucha por el reconocimiento de sus derechos laborales.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto una demanda en defensa de más de 40.000 técnicos de transporte sanitario de toda España. La organización sindical espera que, antes del 26 de julio, se reconozca un laudo arbitral que establezca como horas extraordinarias el tiempo que estos trabajadores pasan a disposición de sus empresas, a la espera de un traslado sanitario, estén o no realizando un servicio en ese momento.
EL ABUSO DE PODER DE LAS EMPRESAS
En la mayoría de las administraciones, los servicios de transporte sanitario se realizan mediante conciertos con empresas privadas. El Tribunal Supremo ya reconoció en 2022 que este tiempo de espera debía ser reconocido como horas extraordinarias, lo que ha provocado la interposición de miles de demandas ante los distintos juzgados de lo social.
Sin embargo, las empresas, en una situación de abuso de poder y aduciendo falta de financiación, se niegan a reconocer estas horas como tiempo de trabajo efectivo. Las administraciones públicas también son responsables y deben intervenir, según reclama la CSIF, dotando de mayor cuantía las licitaciones, fomentando que las empresas realicen más contrataciones o, en aquellos sitios en los que sea posible, realizando una gestión directa por parte de la propia Administración, como ocurre por ejemplo en Baleares o La Rioja.
LA ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS PARA EVITAR EL PAGO DE HORAS EXTRAS
Las empresas pretenden eludir el pago de las horas extras bajo el paraguas de la aplicación de la normativa especial del personal estatutario sanitario (los sanitarios públicos). Este colectivo, al que prácticamente no se le reconocen horas extraordinarias y se rige por un régimen de guardias, a través de la realización de «horas complementarias de atención continuada», un concepto salarial que se paga peor que las horas extras; concepto que la patronal pretende aplicar ahora a este colectivo, a pesar de que la ley es de 2003.
Sin embargo, la CSIF argumenta que el hecho de que los Técnicos de Emergencia sean sanitarios, no significa que sean personal público. La organización sindical espera que el laudo arbitral falle en favor de sus argumentos jurídicos, también en línea con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se corrija esta situación de abuso por parte de la patronal de las ambulancias y de las diferentes administraciones públicas.
