La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sido clara en su mensaje: el Gobierno español exige a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que establezca un sistema de reparación obligatorio y con la participación de las víctimas de abusos en la Iglesia. Este es un llamado urgente a la responsabilidad y la transparencia, en un momento crucial para la institución religiosa en España.
La reunión del Consejo de Ministros ha sido el escenario donde Alegría ha expuesto la posición del Gobierno. Ha sido enfática en recalcar que no se puede aceptar un «sistema de compensación no vinculante sin participación de las víctimas y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo». El Ejecutivo ha dejado claro que espera que la CEE cumpla con las recomendaciones del informe presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el cual ha sido asumido por el propio Gobierno.
La Deuda Pendiente con las Víctimas
El Plan de Respuesta e Implementación del Informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de abril, tiene como objetivo saldar esta deuda con las víctimas. Sin embargo, la CEE parece tener otros planes, al intentar establecer un «sistema de compensación no vinculante» que además excluye la participación de las propias víctimas.
Para el Gobierno, la obligatoriedad y la participación de las víctimas son elementos fundamentales que deben estar presentes en cualquier sistema de reparación. La ministra Alegría ha sido clara en su posición: «No compartimos un sistema de compensación que, desde luego, no es vinculante y que además no se ha dado una participación, como ustedes conocen, a las propias víctimas».
El Rol del Gobierno y la Necesidad de Transparencia
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha estado en constante comunicación con la Conferencia Episcopal, según ha informado la ministra portavoz. Estas reuniones y conversaciones buscan asegurar que la Iglesia católica en España cumpla con las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, y que brinde la transparencia y el compromiso que las víctimas merecen.
El Gobierno ha dejado claro que no aceptará soluciones a medias o que carezcan de la debida participación de las víctimas. La ministra Alegría ha sido enfática en este sentido, reiterando la posición del Ejecutivo: «Es fundamental la obligatoriedad del cumplimiento de las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo».
En un momento en el que la confianza en la Iglesia católica se ha visto seriamente erosionada por los escándalos de abusos sexuales, el Gobierno español ha asumido un papel protagónico en exigir responsabilidad y transparencia. Esta batalla por la reparación y la justicia para las víctimas se ha convertido en una prueba de fuego para la Conferencia Episcopal Española, que deberá responder a las demandas del Gobierno y de la sociedad en general.
