Netflix está en un compromiso en Canadá. El Gobierno ha aprobado una nueva ley para que las plataformas de streaming online abonen más del 5% de sus ingresos en el país para financiar las distintas empresas públicas audiovisuales, desde locales a nacionales, con el fin de aportar con su negocio a esta financiación, que también abonan las operadoras.
En un intento a la desesperada, Netflix y otras compañías de streaming han recurrido la decisión ante el Tribunal de Canadá para evitar el pago de esta tasa, que ya intentó poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021, pero finalmente la dejó aparcada.
La intención del Gobierno, plasmada en el anteproyecto de Ley de General de Comunicación Audiovisual, pasaba por imponer una tasa del 1,5% de los ingresos producidos en el país para sufragar la financiación de RTVE. En concreto, se trata de una tasa que abonan todas las operadoras, como Telefónica, Vodafone y Orange, pero de la que se han librado los gigantes estadounidenses.
La normativa española establece la financiación anticipada de las obras audiovisuales en el ámbito europeo, de tal forma que cualquier prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo que ofrezca su servicio en España deberá contribuir. La cuantía de la tasa se calcula en función de los ingresos anuales, quedando exentos quienes generen una facturación inferior a los 10 millones de euros.
IMPLANTAR EL IMPUESTO A NETFLIX EN ESPAÑA
En el último año ha modificado sus planes de suscripción en España bajo el argumento de una regularización o la inflación, como ha hecho en cada uno de los países donde presta el servicio de videoclub online. En Canadá, por su parte, no se han andado con miramiento alguno al aprobar una norma que podría ir, no obstante, en su contra.
Esta es una de las alegaciones que argumentan las compañías de streaming englobadas en la Motion Picture Association-Canadá, que entre otros puntos, considera que la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicaciones del país norteamericano se ha excedido en sus competencias, mientras pasa por alto la inversión de miles de millones de dólares que se ejecutan en la nación de la hoja del arce anualmente.
«Los servicios de streaming de nuestros miembros no producen noticias locales ni reciben los importantes privilegios y protecciones legales de los que disfrutan las emisoras canadienses a cambio de la responsabilidad de proporcionar noticias locales», asegura Wendy Noss, presidenta de la asociación. Además de Netflix, la asociación está formada por Warner Bros, Discovery y Paramount Global, entre otros.
Las empresas de streaming y la industria ha alertado que este nuevo gravamen traería consigo precios más elevados para los suscriptores, mientras que otros apuntan que se pone en riesgo la presencia en Canadá de estas compañías, elevando así el servicio de VPN -conexiones puente por las cuales se puede ‘engañar’ a las plataformas para poder visualizar contenidos emitidos en otros países-.
En el caso de España, Netflix podría elevar el precio o decantarse por las desinversiones y rescindir el contrato a su medio centenar de empleados directos en el país. Eso sí, las producciones propias se verían seriamente afectadas.
NETFLIX TENDRÁ QUE FINANCIAR INFORMATIVOS LOCALES
Por ahora, la decisión está encima de la mesa de los tribunales. El mes pasado, la presidenta del regulador, Vicky Eatrides, dijo que las contribuciones obligatorias están destinadas a abordar las preocupaciones de que «ciertos tipos de contenido, como historias de interés local, ya no se crearán ni distribuirán. O que estarán menos disponibles porque no recibirán financiación». El mercado canadiense busca así una salida a sus obras independientes, no solo por el afán del todopoderoso caballero don dinero.
Los pagos del impuesto serán una realidad, si así lo sentencian los tribunales, a partir del 1 de septiembre, con una recaudación de 147 millones de dólares, es decir, unos 135 millones de euros, una ‘propina’ para los ingentes beneficios obtenidos el pasado año. En su defensa, los gigantes del streaming aseguran que no hay ningún fundamento para que deban abonar a la producción de los informativos locales de radio y televisión, más allá de que es necesario aumentar el apoyo a las empresas locales.
CANADÁ, SIN ARGUMENTOS PARA EL NUEVO IMPUESTO A NETFLIX
«Imponer a las empresas extranjeras en línea el requisito de financiar la producción de noticias no es apropiado a la luz de la naturaleza de los servicios que prestan las empresas extranjeras en línea», han señalado los abogados en su recurso de apelación. En España, el Gobierno estudió seriamente la imposición de la tasa RTVE para estas plataformas, más cuando las grandes operadoras la abonan. Sin embargo, se han librado de pagarla. Eso sí, Netflix fiscaliza la velocidad de conexión de las distintas operadoras en vez de montar la misma compañía la infraestructura para prestar su propio servicio. «Se beneficia de un servicio y no aporta inversión a la infraestructura», apuntan fuentes del sector.
El impuesto, además, conlleva aparejado una discriminación al librar a las productoras canadienses a abonarlo. De esta forma, la defensa tumba el argumento principal, errático en su despliegue, al no estar suficientemente razonado.
En España, Netflix suprimió su programa básico de suscriptores a finales de 2023 ante la posibilidad de que el Gobierno rescate la tasa RTVE a instancias de Bruselas, aunque finalmente no se ha procedido a la transposición íntegra. De esta forma, Netflix y el resto de plataformas tendrán que apostar por producciones autonómicas y nacionales, con la inversión en doblaje o la grabación en la lengua cooficial. Asimismo, también tendrán que atender a las limitaciones de publicidad.
