El ministerio de Trabajo se reúne con los agentes sociales para la reducción de jornada laboral

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reúne con los agentes sociales para negociar la reducción de la jornada laboral. Este tema ha generado un intenso debate entre el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT.

La propuesta del Gobierno y puntos de desencuentro

El Gobierno se ha comprometido a presentar una nueva propuesta para acercar posturas con la patronal, especialmente con la CEOE. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que el objetivo es alcanzar un acuerdo que beneficie a trabajadores y empresas, pero ha descartado una reducción de jornada «fake» que implique una ampliación de las horas extraordinarias.

Puntos clave del debate:

  • Reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025, con un paso intermedio de 38,5 horas en 2024.
  • Compensación por la reducción de jornada: La patronal ha planteado la posibilidad de compensar la reducción de horas con un aumento de las horas extraordinarias, propuesta que ha sido rechazada por el Gobierno y los sindicatos.
  • Flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo: Se ha abierto la posibilidad de negociar medidas que permitan una mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, adaptándose a las necesidades de diferentes sectores.
  • Control horario: Se discutirán también los sistemas de control horario para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral.
  • Tratamiento específico para ciertos sectores: El Gobierno se ha mostrado abierto a considerar particularidades de algunos sectores que podrían requerir un tratamiento diferenciado en la reducción de jornada.

La postura de la patronal

La CEOE, por su parte, ha criticado la postura del Gobierno, acusándolo de llevar a la mesa de negociación una postura cerrada y de no escuchar las propuestas empresariales. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, insiste en que se han presentado alternativas, pero no han sido consideradas. Cepyme, por su lado, ha expresado su preocupación por el intervencionismo del Gobierno en la economía y su impacto en la libertad de empresa.