En un giro inesperado en el proceso judicial relacionado con el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, ha presentado un recurso impugnando la Ley de Amnistía ante el Tribunal Supremo. Este recurso plantea una cuestión de inconstitucionalidad, alegando una «falta de competencia» en la aplicación de esta ley.
Según consta en un escrito consultado por Europa Press, Rovira, quien está siendo investigada por presunta desobediencia, ha solicitado que sea la Audiencia Provincial de Barcelona la que tenga la competencia para acordar el planteamiento de una eventual cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 1/2024, ya que considera que el supuesto delito de desobediencia fue cometido en Barcelona.
CUESTIONANDO LA APLICACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA
Antes de pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía, el juez instructor de la causa sobre el referéndum del 1-O, Pablo Llarena, ha pedido a las partes que se pronuncien sobre «la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad». Esta medida refleja la complejidad y la incertidumbre que rodean la aplicación de la Ley de Amnistía en este caso.
Por otro lado, la magistrada del Tribunal Supremo que instruye el caso de Tsunami contra el diputado de ERC Rubén Wagensberg y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha planteado a las partes la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial a los tribunales europeos sobre la aplicación de la amnistía en lo que se refiere al delito de terrorismo.
En este contexto, Esquerra Republicana ha expresado su prudencia, explicando en un comunicado que «la magistrada no ha anticipado si piensa o no presentar esta cuestión prejudicial».
IMPLICACIONES JURÍDICAS Y POLÍTICAS
La impugnación de la Ley de Amnistía por parte de Marta Rovira representa un desafío jurídico y político de gran relevancia. Esta acción pone en duda la eficacia y la aplicabilidad de la ley, cuyo objetivo era resolver algunos de los conflictos derivados del proceso independentista catalán.
Además, la posibilidad de que se eleve una cuestión prejudicial a los tribunales europeos sobre la aplicación de la amnistía en relación con el delito de terrorismo agrega un nivel adicional de complejidad al caso. Esto podría tener implicaciones significativas en la resolución final del conflicto y en la relación entre Cataluña y el gobierno central.
En resumen, la iniciativa de Marta Rovira y las acciones emprendidas por los tribunales españoles reflejan la continua evolución y la alta tensión que persisten en torno a las cuestiones derivadas del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. La resolución de estos desafíos jurídicos y políticos tendrá un impacto duradero en la trayectoria de la región y en las relaciones entre Cataluña y el Estado español.
