La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos sido testigos de diversos incidentes que parecen poner en duda este principio esencial. El reciente caso de las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre la investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, es un claro ejemplo de esta preocupante tendencia.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha reaccionado con firmeza ante estas declaraciones, calificándolas como «inaceptables» y considerando que ejercen una «presión intolerable» sobre el juez que lleva el caso. Esta institución, que representa a los profesionales del sector judicial, ha expresado su profunda inquietud por lo que percibe como una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
LA GRAVEDAD DE LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO
Las palabras de Bolaños han sido particularmente controvertidas. El ministro ha asegurado que Gómez está sufriendo una «gravísima indefensión» en la causa abierta en su contra, y ha insinuado que, si el proceso continúa, «los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende». Estas manifestaciones han sido interpretadas por la AJFV como un intento de presionar al juez instructor del caso.
Para la asociación, este tipo de declaraciones son «inaceptables en un Estado de Derecho» donde debe primar la separación de poderes. Consideran que, al pronunciarse sobre una actuación judicial en curso, el ministro está socavando la independencia del Poder Judicial y, en consecuencia, desacreditando la confianza de la ciudadanía en la Justicia.
LA NECESIDAD DE RESPETAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
La AJFV ha hecho un llamamiento a los poderes del Estado para que «respeten la independencia judicial y la estricta separación de poderes, sin que se produzca la injerencia de un poder sobre otro». Esta petición refleja la preocupación de la asociación por una posible instrumentalización política del sistema judicial, lo cual podría tener graves consecuencias para la credibilidad y el funcionamiento de la Administración de Justicia en España.
En un Estado democrático, la independencia del Poder Judicial es fundamental para garantizar la imparcialidad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Cualquier intento de influir en las decisiones judiciales, ya sea desde el Poder Ejecutivo o desde cualquier otro ámbito, pone en riesgo la integridad del sistema y socava la confianza de la sociedad en la Justicia.
Por lo tanto, resulta esencial que los poderes públicos respeten escrupulosamente los límites de sus competencias y se abstengan de realizar declaraciones o acciones que puedan ser interpretadas como un menoscabo de la independencia judicial. Solo de esta manera podremos preservar el Estado de Derecho y garantizar que la Justicia cumpla su función de manera imparcial y efectiva.
