En un momento en el que la atención pública se centra en la situación de los menores no acompañados que llegan a nuestras costas, el Gobierno de España avanza con determinación en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta iniciativa, impulsada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, tiene como objetivo garantizar una respuesta eficaz y solidaria a este desafío humanitario.
La aprobación de esta reforma se perfila como una prioridad en la agenda política, con el ministro Torres expresando su confianza en que se lleve a cabo antes de que concluya el periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados. Esta medida, que cuenta con el apoyo de diversos partidos políticos, busca establecer mecanismos más ágiles y efectivos para la asignación de estos menores a las distintas comunidades autónomas, aliviando así la carga que recae sobre Canarias, una de las regiones más afectadas por este fenómeno.
La Importancia de la Reforma de la Ley de Extranjería
La modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería representa un paso fundamental en la protección de los derechos de los menores no acompañados. Actualmente, el proceso de traslado de estos menores a otras comunidades autónomas ha sido lento y, en ocasiones, insuficiente. La nueva propuesta busca agilizar este procedimiento, estableciendo un plazo de 15 días para que todo menor que llegue a territorio español sea asignado a una comunidad.
Esta medida tiene el potencial de transformar la forma en que se aborda la situación de los menores no acompañados, brindándoles un apoyo más oportuno y eficaz. Además, refleja la voluntad del Gobierno de España de asumir su responsabilidad como país frontera de la Unión Europea, y de impulsar una respuesta solidaria y coordinada a nivel europeo.
El Papel de los Partidos Políticos en la Reforma
La colaboración entre los diferentes partidos políticos ha sido fundamental en el avance de esta reforma. El ministro Torres ha tendido la mano al Partido Popular y al resto de las fuerzas políticas, destacando el apoyo del Partido Socialista, Sumar, Podemos y ERC.
Esta actitud de diálogo y consenso refleja la importancia que el Gobierno atribuye a esta reforma, buscando superar las diferencias políticas y anteponer el bienestar de los menores a cualquier consideración partidista. El ministro ha criticado firmemente las propuestas del Partido Popular, que han intentado desviar el debate hacia cuestiones ajenas a la protección de estos menores.
Hacia una Respuesta Solidaria y Coordinada
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará el próximo 10 de julio, será un momento clave para avanzar en la tramitación de esta reforma. En esta reunión, se espera que se explique el texto acordado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, allanando el camino para su presentación en las Cortes Generales.
El ministro Torres ha subrayado la urgencia de esta medida, señalando que ya no debe haber «excusas ni polémicas» en torno a la protección de los menores no acompañados. Esta reforma busca convertir en obligatoria la solidaridad voluntaria que hasta ahora ha funcionado de manera insuficiente, estableciendo un compromiso real de todas las comunidades autónomas y de la Unión Europea para brindar una respuesta digna a esta situación.
