El Tribunal Supremo se encuentra en la crucial fase de votar y pronunciarse sobre los recursos presentados por la empresa concesionaria de las presas de Los Toranes (Teruel) y Contreras (Cuenca). Ambas infraestructuras se enfrentan a la obligación de demolición tras la extinción de la concesión del aprovechamiento de aguas, una decisión que ha generado polémica y planteado dudas sobre la aplicación de la normativa vigente.
La controversia legal: ¿Obligación de demolición o reversión?
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que impuso la demolición de las presas, ha abierto un debate jurídico crucial. Las resoluciones del Tribunal Supremo deberán dilucidar si existe la posibilidad de que la Administración imponga la demolición de las obras a costa del concesionario, y si la reversión de las instalaciones es una alternativa viable.
Este debate adquiere especial relevancia en el contexto de concesiones otorgadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1290/2012, que modificó el artículo 89 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). En concreto, las concesiones otorgadas antes del 21 de septiembre de 2012, como las de Los Toranes y Contreras, podrían estar sujetas a una interpretación diferente de la normativa.
El Tribunal Supremo deberá determinar si la obligación de demolición de lo construido en dominio público puede ser impuesta por la Administración hidráulica como condición para la extinción de un título concesional. Este punto es especialmente relevante en casos como el de las presas en cuestión, donde el título concesional no contempla la demolición, sino la reversión de las obras e instalaciones.
El caso de Los Toranes: controversia social y política
La demolición de la presa de Los Toranes, ubicada en el río Mijares, ha generado un intenso debate social y político. La presa, construida hace un siglo para riego y generación eléctrica, dejó de estar en uso tras la caducidad de la concesión en 2018.
Formaciones políticas como PSOE, Chunta o Vox han defendido la permanencia de la presa, destacando sus beneficios para la zona. El PSOE ha mostrado su apoyo a los vecinos y ayuntamientos afectados, mientras que Chunta ha reclamado al Gobierno que busque alternativas al desmantelamiento, argumentando que la demolición de una infraestructura viable como la presa de Los Toranes no tiene sentido en el contexto actual de subida de los precios de la electricidad.
Con el objetivo de salvaguardar el futuro de la zona, los consistorios afectados han remitido una carta al Ministerio de Cultura y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para solicitar la apertura de un expediente que proteja el patrimonio industrial de la presa.
El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, ha ordenado la demolición argumentando que su mantenimiento es contrario al interés público y a las exigencias medioambientales. Sin embargo, los vecinos y regantes han protestado, destacando que la presa es esencial para el riego de sus tierras y para la lucha contra incendios. Algunos grupos ecologistas también se han pronunciado a favor de la conservación de la presa, a pesar de las alteraciones que causa al río.
