La libertad de expresión y el derecho a la protesta son pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante aumento en la criminalización de estos derechos, particularmente en España. Organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace y Defender a Quien Defiende han denunciado que «protestar no es terrorismo» y han exigido que se respeten los derechos humanos y los principios democráticos.
La Ley de Seguridad Ciudadana y la Reforma del Código Penal: Herramientas de Censura y Control
La entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y las recientes reformas del Código Penal han brindado a las autoridades herramientas para obstaculizar y censurar a la sociedad civil. Estas normas han permitido que movimientos sociales y políticos sean acusados «falsamente» de terrorismo u organización criminal, lo que contribuye a una deriva que no es compatible con un Estado de Derecho democrático.
Las organizaciones denuncian que estas acusaciones «no son ni nuevas ni constituyen un caso aislado, sino que forman parte de una tendencia que va en aumento». El mal uso del término «terrorismo» se ha banalizado y se ha convertido en una herramienta punitivista y ejemplarizante contra la movilización social masiva, con el objetivo de prevenirla y silenciarla. El caso más grave es la investigación abierta en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por terrorismo contra Tsunami Democràtic.
Exigiendo una Definición de Terrorismo Acorde al Derecho Internacional
Las organizaciones firmantes del manifiesto han subrayado que el Congreso debe aprovechar la actual tramitación de la reforma del Código Penal para garantizar que solo se tipifiquen como delitos de terrorismo aquellos que se adecúen a la definición proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en informes de la Relatoría Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Es decir, deben tener la intencionalidad de causar muerte, heridos graves o tomar rehenes; un propósito de atemorizar o intimidar a la población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; y cometer delitos definidos en convenciones y protocolos internacionales. Según las organizaciones, estas condiciones no se cumplen en las actividades realizadas por Tsunami Democràtic y otros movimientos sociales y políticos.
Llamado a Defender los Derechos Humanos y la Democracia
Las organizaciones han concluido que «investigar por terrorismo u organización criminal a un movimiento social o político con el único objetivo de criminalizar la protesta, limitar los derechos fundamentales y silenciar la disidencia política, es una actuación que restringe el espacio de la sociedad civil, que no respeta los derechos humanos y pone en peligro los principios democráticos y del Estado de Derecho».
Con el lanzamiento de este manifiesto y una campaña en redes sociales, las nueve organizaciones presentan una alianza para denunciar «la escalada de la criminalización» de movimientos sociales y políticos, y continuarán haciéndolo en los próximos meses. Es fundamental que como sociedad, defendamos la libertad de expresión, el derecho a la protesta y los principios democráticos, evitando que se criminalice la defensa de los derechos humanos.
