La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseveró este viernes que la Abogacía General del Estado ha imputado los delitos de sedición y malversación, y no rebelión, a los líderes independentistas catalanes por crierios de profesionalidad, técnico-jurídicos”, y que “no es cuestión de gestos” a los grupos parlamentarios a los que pertenecen para que den su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.
Delgado compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de informar a éste sobre el escrito de conclusiones provisionales que ha presentado la Abogacía y quiso resaltar que ésta es la primera vez que se manifiesta sobre los delitos en cuestión.
Así, distinguió que en agosto la Abogacía sólo asumió el auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que sí consideraba que hubo rebelión, como conclusón de la instrucción. “Hasta este momento no se había pronunciado formalmente en cuanto a la naturaleza de los delitos”, justificó para negar contradicciones.
La ministra atribuyó la discrepancia entre la Abogacía y la Fiscalía General del Estado, que también ve rebelión en los hechos, a que el debate entre juristas y social sobre qué ocurrió en Cataluña y el papel de la violencia “se ha trasladado a los operadores jurídicos”, y que ambas posiciones son “perfectamente defendibles” y “no se socava la posición de nadie”.
Eso sí, aseguró a pregunta de los periodistas que “no ha habido imposición de criterio” por parte del Gobierno, sino que la abogada general Consuelo Castro asumió personalmente la responsabilidad por “la relevancia extraordinaria” del caso y, a partir de ahí, “ha analizado los hechos, las pruebas que se han practicado durante la instrucción y ha elevado su escrito”.
CONCLUSIONES PROVISIONALES
En cualquier caso, Delgado recordó que se trata de un escrito de conclusiones provisionales que en el transcurso del juicio se convertirá en otro de conclusiones definitivas, que es el que enmarcará, junto a los del resto de acusaciones, los parámetros entre los que se moverá el tribunal.
La ministra también negó a preguntas de los periodistas que la calificación de los delitos como sedición y no rebelión sea el gesto que exigían los partidos independentistas como condición para negociar los Presupuestos “Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión técnico-juridica de valoracion de los hechos bajo criterios estrictamente profesionales”, puntualizó. “Que sirva o no sirva para los Presupuestos, no tengo ni idea”.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que también compareció en la rueda de prensa, incidió en la tesis de que es la primera vez que se pronuncia la Abogacía (“lo anterior ha podido ser fruto del debate, pero no ha habido ninguna toma de posición) y negó específicamente una contradicción del presidente, Pedro Sánchez, quien en mayo sí catalogó como rebelión lo que hicieron los independentistas, apelando a que entonces no ocupaba ese puesto.
“El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Nosotros somos Gobierno ahora, respondemos de la posición del Gobierno. El presidente del Gobierno no se ha pronunciado”, alegó. “Estamos defendiendo los intereses del Estado en el ámbito penal para que sea la Justicia y no el Gobierno el que se pronuncie”.
Respecto a los indultos que dicen temer el PP y Ciudadanos, recordó que son una figura incluida en la Constitución, que “no implica el perdón del delito”, y emplazó a quienes quieran prohibirlos a hacerlo en el seno de la reforma de ésta.
SOBREACTUACIÓN
Calvo enjuició que, en particular, Ciudadanos “siempre sobreactúa” en estos temas y “utiliza elementos de una forma precipitada”, como en la proposición no de ley para instar al Gobierno a no indultar a los independentistas que presentó esta mañana en el Congreso de los Diputados; un tipo de iniciativa que, constató, “no tiene ninguna trascendencia jurídica”.
Sin embargo, Calvo enjuició que no le parece “útil” sacar ese tema de los indultos ahora, cuando se trata de “resolver una crisis política importante” ante la que “todo el mundo esperaría que los partidos se comportaran con la lealtad que corresponde a la responsabilidad que tenemos todos”.
Por eso, dijo que le gustaría que esos partidos no hicieran política en beneficio de sus propios intereses, sino que dejaran trabajar a la Fiscalía y la Abogacía “con la tranquilidad y la independencia con la que tienen que trabajar” y manifestaran “escrupuloso respeto al punto donde se encuentra el proceso en este momento”.
La vicepresidenta protestó que el Gobierno “ha heredado unas situación tremenda”, con un impacto “enorme” tanto en el ámbito jurídico como en el político, que “el anterior Gobierno abandonó literalmente a su suerte”. Rehusando hacer pronósticos sobre si este posicionamiento de la Abogacía beneficia a la estabilidad parlamentaria del PSOE, Calvo se conjuró sólo para “resolver el conflicto institucional desde el respeto escrupuloso a los otros poderes” y a la vez intentando “encontrarnos con coordinación y diálogo con el Gobierno y los actores políticos catalanes, porque no hay otra alternativa” ante “la tremenda herencia que hemos recibido”.
