El Consejo General de Economistas ha realizado un exhaustivo análisis sobre la fiscalidad ambiental en España, con el objetivo de plantear un marco normativo eficiente y coordinado a nivel estatal. Este estudio, titulado «Fiscalidad Ambiental en España», aborda las principales cuestiones y desafíos que enfrenta nuestro país en materia de impuestos verdes.
Una de las principales recomendaciones del Consejo es la creación de un marco normativo a nivel estatal para la fiscalidad ambiental, que permita una mayor eficiencia en la gestión de este tipo de tributos. Esto, sin perjuicio de que la recaudación y aplicación de los mismos pueda ser posteriormente transferida a las comunidades autónomas. De esta manera, se busca evitar situaciones de competencia fiscal entre regiones, que puedan distorsionar la ubicación o producción de actividades económicas.
Hacia una Fiscalidad Ambiental Estratégica
En la actualidad, el peso de los impuestos medioambientales en España se sitúa en torno al 5% de los ingresos tributarios totales y el 1,8% del PIB, cifras que se encuentran en línea con la media de la OCDE, pero por debajo de la media de la Unión Europea (5,8% y 2,4%, respectivamente).
Los expertos del Consejo General de Economistas abogan por una reforma tributaria global, en la que la fiscalidad ambiental se reconfigure para orientarse hacia los objetivos de descarbonización y protección del entorno. Proponen una estrategia de «palo y zanahoria«, donde los agentes contaminantes paguen por el daño causado, mientras que quienes no contaminen reciban incentivos y apoyo para las tecnologías limpias y la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Según los economistas, este tipo de impuestos verdes no deben tener una finalidad recaudatoria, sino más bien incentivar un cambio de comportamiento entre los agentes económicos. En este sentido, destacan el impuesto sobre el carbono como el «ejemplo más claro de imposición con una afinidad principalmente medioambiental«. Estos tributos, además, deberían ser sustitutivos de otros impuestos y de carácter circunstancial o transitorio, hasta alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
Impuestos a la Circulación de Vehículos: Hacia una Visión Integral
En cuanto a los impuestos que gravan la circulación o propiedad de vehículos, los economistas se cuestionan si su finalidad principal debe ser medioambiental y estar relacionada con las emisiones de carbono. En este sentido, plantean la posibilidad de establecer, por un lado, un apoyo claro y concreto que incentive el desarrollo de nuevas tecnologías mitigadoras, y, por otro lado, un único impuesto sobre el transporte.
De esta manera, se evitaría la diversidad normativa en este ámbito, ya que el impacto ambiental de las emisiones de CO2 es el mismo, independientemente del lugar donde se produzcan. Los expertos consideran que la capacidad normativa sobre estos impuestos no debería recaer en los gobiernos subcentrales, sino que debería ser una competencia estatal.
En resumen, el Consejo General de Economistas plantea la necesidad de coordinar y racionalizar la fiscalidad ambiental en España, a través de un marco normativo estatal que permita una gestión más eficiente y coherente de este tipo de tributos, sin perjuicio de la posterior transferencia de la recaudación a las comunidades autónomas. Asimismo, proponen una reforma tributaria global, donde la fiscalidad ambiental se reconfigure hacia los objetivos de descarbonización y protección del entorno, con un enfoque de «palo y zanahoria» que incentive el cambio de comportamiento de los agentes económicos.
