La huelga de los conductores de Uber en Bilbao se sigue alargando hasta fin de mes, mientras que en Madrid dos de las tres agrupaciones sindicales con representación entre las VTC mantienen su cronograma de protestas que incluían un llamado a huelga el pasado 21 de junio, el próximo viernes 28 y el sábado 29 de junio y la semana siguiente del 4 al 7 de julio, pero que fueron desconvocadas, de momento, durante el fin de semana por la preocupación de que las mismas fuesen consideradas ilegales. Es una muestra del problema que tienen en la «nueva movilidad» casi desde el final de la moratoria del controvertido decreto ‘Ábalos’, que al ser diferentes empresas y diferentes reglamentos es complicado calcular cómo enfrentar cada uno.
No es un punto menor. Para la empresa son dos fotos incómodas, sin contar con que hace ver con cierta suspicacia las separaciones internas de los sindicatos. Además, se trata de una situación compleja en ambos casos por qué los dos se trata de una negociación de contrato en la que Uber no tiene una posibilidad directa de intervenir. Los dueños de los contratos y las licencias son otras empresas, que funcionan como intermediarios, dejando a Uber, Cabify, Bolt y demás empresas similares como una plataforma para acceder al registro.
En cualquier caso se trata de una realidad compleja. A pesar de haber buscado una fórmula que les permitiera aplicar la ‘ley rider’ sin el caos que enfrentan las empresas del sector del reparto que parecen tener asumido que tienen que pagar las multas para seguir existiendo, el modelo de Uber, Cabify y Bolt en España es muy distinto, pero esto no quiere decir que sea fácil de sobrevivir la situación sobre todo por qué no es fácil superar una crisis de contratos cuando como empresa no lo maneja directamente.
Pero para las VTC es el peor momento posible para esta situación. Además de los turistas que usan sus servicios o los de los taxis para no perderse, es también el momento en el que se realizan una mayor cantidad de eventos, desde grandes festivales a bodas particulares. Por tanto, que la flota de ciudades como Madrid o Bilbao, donde la huelga sigue convocada por el sindicato ELA, o al menos parte de ellas, se paralicen es una muy mala noticia.
DOS CRISIS SIMULTÁNEAS EN LAS QUE UBER NO PUEDE TOMAR DECISIONES
Uber, Cabify, Bolt y demás plataformas similares siguen teniendo una situación delicada al no ser ellos los que definen los sueldos mínimos de los conductores. No es un dato menor, pues más allá del efecto directo en su relación con los conductores, puede tener un efecto directo en su relación con el público. No es difícil pensar que un aumento de sueldos se traduciría de cara al usuario en un aumento en los precios de los viajes, lo que afectaría directamente su ventaja competitiva con el taxi. Aun en esa situación la prioridad es que la parte de las flotas que se ha declarado en huelga vuelva a trabajar.
Además, otros países se han visto en una situación similar. Hace poco en Ecuador los conductores de VTC pedían un aumento en las tarifas de los viajes que se tradujera en un aumento de sus sueldos, y que facilitará alcanzar los datos de facturación necesarios para cobrar los bonos. Es fácil imaginar que esa historia se podría repetir en España, y que puede tener un efecto complicado de predecir entre los usuarios.
Es que una de las piezas clave de la estrategia de negocio de Uber, Cabify y Bolt es que su precio cerrado suele ser menor que el de los taxis en los mismos recorridos. Perder esta ventaja, incluso si mejora su relación con sus conductores y las condiciones de trabajo de los mismos, puede ser fatal, y les obliga a pensar en estrategias para mantener así esta realidad. Sumado a perder el apoyo de los grandes eventos en los últimos años, no es un problema fácil de resolver.
NEGOCIACIONES POR SEPARADO
Lo que puede beneficiar a Uber es que si bien los sindicatos que protestan preferirían un cambio en el convenio colectivo, al menos pueden contar con que las empresas lleguen a acuerdos individuales en estas ciudades que reduzcan las tensiones. Es lo que ha ocurrido en Madrid con las empresas donde la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO) tienen mayoría, y se han firmado condiciones diferentes a las acordadas en el convenio general, usualmente mejoras.
No es la meta de estas convocatorias a huelgas escalonadas, que siguen buscando un acuerdo para transformar el convenio colectivo. Al mismo tiempo a veces empresas, patronales y sindicatos tienen que asumir las condiciones que pueden, y no las que quieren, por lo que es posible que la apuesta sea intentar que se aprueben estos acuerdos individuales y seguir ganando espacios en otras empresas hasta poder presionar para conseguir el convenio colectivo deseado.
