En el panorama actual del mercado inmobiliario, la situación de la vivienda en España se ha convertido en un tema de creciente preocupación. Con un parque público de viviendas «bajo mínimos», que representa tan solo un 2,5% del stock total, y unos precios desorbitados que han experimentado más de un 60% de aumento en la última década, las familias más vulnerables se ven cada vez más desprotegidas y la emancipación juvenil permanece en niveles alarmantes, superando los 30 años de edad.
Ante este escenario, la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley presentada por el grupo político Sumar. Esta iniciativa busca dotar a las entidades locales de la competencia para declarar como «zona de mercado tensionada» aquellas áreas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, cuando la comunidad autónoma correspondiente no haya actuado en un plazo de seis meses.
LA IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA SUBSIDIARIA PARA LAS ENTIDADES LOCALES
Actualmente, la declaración de una zona de mercado tensionada, lo que permite la intervención de los precios del alquiler, es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Sin embargo, Sumar considera que esta situación deja a las entidades locales «manos libres» y les impide actuar incluso cuando existen municipios que cumplen con los requisitos legales para dicha intervención.
Según la propuesta, si se cumple al menos uno de los criterios establecidos en la Ley de Vivienda (que el coste medio de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que el precio de compra o alquiler haya subido en los últimos cinco años al menos tres puntos porcentuales por encima del crecimiento acumulado del IPC en la comunidad autónoma), la entidad local solicitante tendrá la competencia subsidiaria para declarar la zona de mercado tensionada y así «garantizar un mejor acceso a la vivienda» para sus ciudadanos.
EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EL IMPACTO EN LA LEY DE VIVIENDA
La propuesta de Sumar también evidencia la necesidad de adoptar medidas en el mercado de la vivienda a nivel nacional. Tal como se indica en el documento, la Ley de Vivienda incluye herramientas como la regulación de los precios, pero en la práctica deja a las comunidades autónomas la decisión de declarar las zonas de mercado tensionado, según «su voluntad política«.
Esta situación, que permite a las autonomías actuar o no según su conveniencia, ha generado un escenario en el que existen municipios que cumplen con los requisitos para intervenir en los precios del alquiler, pero no pueden hacerlo debido a la falta de acción de sus gobiernos autonómicos.
La iniciativa de Sumar busca, por lo tanto, fortalecer el papel de las entidades locales en la regulación del mercado de vivienda, de modo que puedan asumir un papel más activo y eficaz en la protección de los derechos de sus ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, y en la promoción de un acceso justo y equitativo a la vivienda.
