El Congreso de los Diputados tramitará la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para reformar el Código Penal y proteger la libertad de expresión de las «violaciones» y «censuras» en forma de delito por ofensa a los sentimientos religiosos o injurias a instituciones como la Corona.
En el debate de toma en consideración de la proposición, el PSOE, ERC, PDECat, PNV y Compromís se mostraron a favor, lo que compone una mayoría suficiente para tramitar la iniciativa frente a los votos en contra del PP, Ciudadanos, Foro Asturias y UPN.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, defendió la iniciativa con la que se pretende «subsanar las carencias» normativas para homologar la democracia española a los estándares propios de las sociedades avanzadas en un momento de clara «involución» por la vulneración de ese derecho a través de la aplicación de la llamada ‘ley mordaza’ y del Código Penal.
En su intervención denunció «situaciones bochornosas» como los procesos penales e incluso penas de prisión por criticar a la Monarquía o a referentes de la religión católica a pesar de las sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también por el delito de «ultraje» a los símbolos nacionales y a los órganos del Estado. En democracia, aseguró, «debe ser legítimo criticar a las instituciones del Estado», y de hecho las injurias al Gobierno se escuchan en la tribuna del Congreso «y es lo más normal del mundo.
Garzón se dirigió expresamente a Ciudadanos al destacar que esos delitos ya existían en el Código Penal hace quince años pero hoy es más fácil entrar en prisión por «usar la imagen de Cristo», y quizá es por «el clima» que se está implantando en la vida política.
Gregorio Cámara, del PSOE, confirmó el voto a favor de su grupo pero dejando claro que una vez en tramitación la examinarán «con todo rigor y profundidad» y plantearán todas las enmiendas que consideren necesarias para un adecuado ajuste de esos tipos delictivos.
Más allá del fondo de la cuestión y los detalles de la norma, Cámara subrayó que en un debate de toma en consideración debe primar la valoración sobre la necesidad o no de modificar la ley, y en este caso el PSOE considera necesario «revisar» algunos tipos penales «hiperregulados» por los gobiernos del PP o que requieren mayor precisión.
En nombre de Ciudadanos, Ignacio Prendes anunció el voto en contra por entender que lo que se ha producido en los últimos años es un proceso de «pérdida de respeto» a las instituciones, «jaleado por partidos que han hecho de ese ataque a las instituciones su principal razón de ser».
Defender los símbolos nacionales y las instituciones constitucionales, dijo, es «defender los principios y valores que nos hemos dado», aseguró, rechanzado la tesis de que en España se penalicen las ideas. Prendes alertó al PSOE de que se está deslizando «hacia fuera de los márgenes del constitucionalismo» y de que la votación de esta ley es «crucial».
En nombre de ERC, Carolina Telechea anunció el voto a favor lamentando la «falta de independencia» de las instituciones, «la falta de democracia» en España y el «claro retroceso democrático» materializado en los obstáculos para preservar los derechos y las libertades fundamentales. También anunció el voto a favor Mikel Legarda, del PNV, dispuesto a considerar «sosegadamente» las propuestas que surjan durante la tramitación. Lourdes Ciuró, del PDECat, alertó de que la sociedad percibe que alzar la voz «puede ser peligroso», y eso conduce a la autocensura, «muy lamentable» en democracia.
EL PSOE «CRUZANDO EL RUBICÓN»
Leopoldo Barreda confirmó el voto en contra del PP alertando al PSOE de que puede estar «cruzando el Rubicón» y reprochando a Unidos Podemos que su iniciativa no busca proteger la libertad de expresión sino garantizar «barra libre, impunidad para quienes agreden la libertad de expresión de todos los demás». «Ustedes con los violentos», dijo, tras desgranar ejemplos de esas expresiones condenadas penalmente, «y nosotros con las víctimas, ahora y siempre».
En la exposición de motivos, los proponentes explican que la derogación del delito de enaltecimiento del terrorismo no supondría desprotección de las víctimas, ya que se modificaría también el artículo que recoge esa protección para reforzarla.
Garzón denuncia que ese artículo, el 578 del Código Penal, nació en el año 2000 en un momento de «extrema violencia» de ETA, pero ha sido justo tras la disolución de la banda cuando más procesos penales y condenas se han dado por ese delito. Considera que la redacción de ese precepto es ambigüa y permite una utilización «irresponsable» e «irracional» por parte de determinados jueces.
La proposición plantea también la derogación de artículos «anscrónicos u obsoletos», como el 525 (delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público); 490.3 y 491 (delitos contra la Corona); 543 (ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas), y el 504 (injurias a las instituciones del Estado, como puede ser el Gobierno). Ademas, propone modificar el 510 del Código Penal, que tipifica los denominados delitos de odio, con una redacción “que determine con claridad cuál es la conducta punible”.
