El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido con firmeza la decisión de imponer una sanción histórica de 150 millones de euros a varias aerolíneas por cobrar por el equipaje de mano, respaldándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida en 2014.
Justificación legal de la sanción
En un desayuno informativo realizado por Europa Press, Bustinduy explicó que la mencionada sentencia del TJUE establecía claramente que el equipaje de mano no facturado, también conocido como equipaje de cabina, «en ningún caso puede ser objeto de suplemento de precio». Esta decisión sentó un precedente fundamental en el ámbito de la legislación aérea europea.
Además, el ministro hizo referencia a una recomendación emitida por el Parlamento Europeo en octubre del año pasado, en la que se instaba a la Comisión Europea a clarificar las normativas vigentes para evitar la aplicación de tarifas ocultas y garantizar una mayor transparencia en la información proporcionada a los consumidores al comparar precios.
Multa a cuatro aerolíneas líderes
La multa de 150 millones de euros impuesta a Ryanair, easyJet, Vueling y Volotea el pasado 31 de mayo por el Ministerio de Consumo de España se fundamenta en diversas prácticas consideradas abusivas por las autoridades competentes.
Entre las infracciones que motivaron esta sanción se encuentran el cobro adicional por seleccionar asientos contiguos al comprar billetes para acompañar a menores o dependientes, el cargo por el transporte del equipaje de mano, la falta de transparencia en la información precontractual sobre los precios de los servicios, la prohibición de pago en efectivo y un suplemento de 20 euros por la reimpresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destacó que Ryanair, la primera aerolínea en implementar el cobro por el equipaje de mano en noviembre de 2018, fue la más afectada por la multa. Le siguieron Vueling, easyJet y Volotea, en orden descendente en cuanto a la cuantía de las sanciones impuestas.
Acciones de la autoridad de Consumo
Esta significativa sanción marcó un hito, ya que representó las primeras multas aplicadas por la autoridad de Consumo del Gobierno español desde que adquirió la capacidad sancionadora en mayo de 2022, tras la modificación de la ley de defensa de los consumidores.
El Ministerio de Consumo inició una investigación en junio de 2023 para indagar si las prácticas de las aerolíneas sancionadas eran consideradas abusivas o contravenían la normativa de protección al consumidor. En consecuencia, las compañías afectadas tenían la posibilidad de apelar dichas sanciones ante el Ministerio y, posteriormente, ante la Audiencia Nacional.
