Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han pedido este lunes la dimisión del presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, como máximo responsable de la sentencia que la pasada semana dictaminó que correspondía a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.
A través de Twitter, JpD exigió “la dimisión inmediata” del presidente de la Sala. Esa misma vía es la que utilizó la organización de fiscales para decir que “la insólita actuación del presidente de la Sala III del TS, la magnitud de sus consecuencias para la seguridad jurídica y el descrédito para la Justicia, exigen su dimisión”.
El terremoto que produjo el cambio de criterio del Supremo en esta materia, el derrumbe de la cotización en bolsa de los bancos y la paralización de las operaciones crediticias desde el pasado jueves ha motivado que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, convocara para este lunes una reunión con los magistrados que dictaron la sentencia.
Fuentes jurídicas indicaron que la cita tiene un carácter interno y pretende el análisis de la sentencia y de la posterior avocación a Pleno para su valoración. A esta reunión asisten el vicepresidente del Alto Tribunal, Ángel Juanes; el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo, y los integrantes del tribunal que dictó la sentencia.
El Supremo decidió el pasado jueves que fuera la banca la que asumiera el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de su propio criterio expresado en febrero pasado, cuando sentenció que era el cliente el que debía pagarlo.
La decisión ocasionó un auténtico terremoto que provocó la caída de la cotización en bolsa de las entidades bancarias y la paralización del análisis de los recursos pendientes sobre este mismo asunto. Al mismo tiempo el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, decidió la avocación a Pleno de la sentencia para unificar criterio jurisprudencial y dar seguridad jurídica ante la «enorme repercusión económica y social» del fallo.
Más allá de la reunión de hoy, el Supremo asume que el Pleno de la Sala Tercera no puede demorarse y, previsiblemente, se celebrará esta misma semana, para evitar la situación de suspensión de las hipotecas que se ha producido desde que se conoció el giro de criterio del Supremo.
El Pleno dictará una nueva sentencia en la que establecerá el criterio definitivo en este asunto, para que se aplique en todos los tribunales del país. El Supremo había mantenido el criterio de que fuera el cliente el que pagara el impuesto hasta 2015, cuando comenzó a considerarla abusiva. Sin embargo, en febrero de 2018 dictó que corriera a cargo del cliente.
La actuación de Díez-Picazo está en tela de juicio por no haber sido capaz de anticiparse a una sentencia que daba un giro copernicano a la doctrina del Supremo mantenida en una sentencia de principios de este año y no haber dictado su avocación a Pleno para que fueran los 31 miembros de la Sala los que se pronunciaran sobre la jurisprudencia del Alto Tribunal.
