La eliminación de los peajes en las autopistas españolas se ha convertido en una prioridad para el Gobierno Central. El Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha asegurado que el Ejecutivo central «lo tiene claro» en lo relativo a este tema y está trabajando en su eliminación «progresiva», siempre y cuando sea posible según los contratos existentes.
Esta declaración se produce después de que todos los grupos con representación en la Junta General del Principado hayan votado a favor de una proposición no de ley que pide suprimir el peaje del Huerna, en la AP-66. Cabe recordar que en abril de 2022, la Comisión Europea concluyó que España prorrogó este peaje saltándose la normativa comunitaria.
El Estudio Caso por Caso de los Peajes
Según el Comisionado, el Ministerio de Transportes está analizando cada uno de los casos de manera exhaustiva, «desgranando punto a punto cómo todas estas autopistas han sido prorrogadas, incluso muchísimos años antes de su finalización del contrato, incluso con modificaciones legales ‘ad hoc’ para esta modificación». En el caso específico del Huerna, se trata de otro caso «más a estudiar».
Por su parte, el consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, ha indicado que desde el Ejecutivo autonómico «no queremos quedar quietos, recogemos ese guante y lo que vamos a hacer es analizar con más profundidad jurídicamente las posibilidades de que de ese expediente pueda suponer la reversión del peaje».
La Necesidad de Actuaciones Administrativas y Análisis Jurídico
Calvo ha señalado que este proceso «lleva su tiempo, va a necesitar actuaciones administrativas, tiene evidentemente un análisis jurídico» y que el Gobierno de Asturias «va a ayudar y aportar conocimiento e informes para ver si eso es posible». Sin embargo, ha advertido que «no va a ser sencillo» y ha insistido en que fue el Gobierno del PP el que «nos condenó a tener ese peaje hasta el 2050».
En resumen, la eliminación progresiva de los peajes en las autopistas españolas es un objetivo prioritario del Gobierno Central, que está estudiando cada caso en detalle y trabajando en conjunto con las administraciones autonómicas para lograr este propósito. Si bien se trata de un proceso complejo que requiere de análisis jurídicos y actuaciones administrativas, el Ejecutivo está decidido a avanzar en esta dirección, siempre y cuando sea posible según los contratos existentes.
