Se calcula que el fraude eléctrico supone para cada uno de los clientes legalmente conectados a la red unos 70 euros anuales de media. O lo que es lo mismo, unos 2.000 millones de euros anuales. Esta situación es aún más dañina para la competitividad industrial, ya que el beneficio para unos se acaba traduciendo en un incremento de costes para otro.
En este sentido UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, aumentó notablemente en 2023 la cantidad de energía recuperada mediante la persecución de fraudes eléctricos en su red. A través de un total de 44.000 actuaciones repartidas entre Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, la compañía logró recuperar el pasado año energía consumida de forma fraudulenta por un volumen de 152 GWh, un 44% más que el año anterior. Esta cantidad, equivalente al consumo de 47.000 hogares, ilustra su compromiso con la persecución de esta práctica delictiva en aumento.
Las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de más de 12.400 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera, casi el doble que la cifra registrada el año anterior. Madrid registró el mayor número de casos con un total de 6.450 expedientes, seguida de Galicia (3.000), Castilla-La Mancha (2.750) y Castilla y León (250).
Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 168 dispositivos indoor, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 5 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.600 viviendas.
El objetivo de UFD en su lucha contra el fraude es reducir el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura y, además, prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura. Según algunas estimaciones, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales. Eso supone que cada cliente tendrá que hacer frente a unos 70 euros anuales de media. Esta situación es aún más dañina para la competitividad industrial, ya que el beneficio para unos se acaba traduciendo en un incremento de costes para otro.
Y es que este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera.
Los nuevos contadores inteligentes han supuesto un gran paso en la detección de fraude, ya que agilizan su detección y la intervención, aunque no siempre esta depende de la distribuidora eléctrica. En ocasiones es necesaria, por ejemplo, una autorización judicial para acceder a la finca donde se detecta el robo.
El fraude eléctrico: un quebranto en la factura del consumidor
El fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que según la normativa en vigor, el coste de la energía defraudada termina recayendo en el conjunto de los usuarios conectados legalmente a la red.
«El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y de sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaba suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico, por lo que en UFD estamos comprometidos en la lucha para su detección y erradicación», explica Mónica Puente, directora de UFD.
Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en el periodo citado.
La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medidas, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.
UFD pone a disposición de los consumidores un canal de denuncia anónimo en su página web https://www.ufd.es/denuncia-de-irregularidades/ para recibir información ante cualquier sospecha de que se esté produciendo una conexión ilegal a la red eléctrica o una manipulación del contador.
