La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales colabora con las fuerzas de seguridad para esclarecer los ocurrido este domingo en el municipio de El Vellón, cuando se produjo un altercado entre vecinos y menores de una casa de acogida de titularidad autonómica que se habría saldado con varias personas agredidas.
De acuerdo con la información publicada por ‘Telemadrid’, éste incidente, en el que habrían resultado heridos cinco vecinos, se sumaría a otros ocurridos con anterioridad, según alertan los habitantes de la localidad, que se quejan también de la falta de Policía Local y Guardia Civil en este municipio, por lo que han convocado una protesta para esta tarde.
Sin embargo, desde el sindicato UGT han denunciado que varios de sus trabajadores habrían sido agredidos por vecinos de la localidad, a los que acusan de haber decidido «tomar la justicia de su mano» tras varios incidentes previos.
Según la versión de UGT, el pasado domingo se encontraban trabajando tres profesionales, dos de los cuales fueron agredidos «por evitar que parte de los habitantes del pueblo entraran al domicilio», siendo teniendo que ser «atendidos por una ambulancia» y pidiendo la asistencia de la Guardia Civil.
Preguntada por estos hechos, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha subrayado la colaboración de la Comunidad de Madrid, titular del centro donde residen estos menores, con las fuerzas de seguridad para esclarecer lo ocurrido, al tiempo que ha enviado un mensaje de tranquilidad a los vecinos.
«CENTROS SEGUROS»
«Los centros de menores de la Comunidad de Madrid son centros seguros en los que, como en todas las viviendas, en ocasiones se producen algunos conflictos, tanto dentro del domicilio como hacia afuera y en este caso, en este momento, estamos en el momento de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para que se puedan esclarecer los hechos», ha subrayado este martes la consejera durante una visita a la residencia de mayores Vallecas en la capital.
Asimismo, ha apuntado que colaboran también con la Fiscalía y han pedido a la empresa que gestiona el centro, Fundación SAMU, «informes sobre lo sucedido para poder tomar las medidas que sean necesarias».
«Yo trasladaría un mensaje de calma. Nosotros trabajamos con los menores de forma muy individual y en caso de que exista algún conflicto entre los menores se adoptan las medidas necesarias para adaptar también los recursos a las características de los menores», ha incidido la consejera, quien ha insistido en que el Gobierno regional está «muy pendiente» de sus menores tutelados y protegidos y «muy coordinados con la fiscalía». «Las medidas que tengamos que tomar las tomaremos», ha sentenciado.
Por su parte, UGT ha señalado en un comunicado que cualquier conflicto que pueda surgir entre menores y vecnos «deben ser denunciados y derivados a las fuerzas de seguridad», pero «bajo ningún concepto debe de implicar agresiones físicas y verbales a las personas trabajadoras de dicho centro por el mero hecho de trabajar allí y dedicarse a una labor tan dura y poco valorada».
El sindicato explica que ha denunciado ante la Administración «la grave situación que están viviendo las personas trabajadoras» de este sector, «no solo por sus condiciones laborales, sino por la deficiencia de los centros en los que trabajan y la carencia que hay en cuanto a la prevención de riesgos laborales».
