Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha acusado a España de encubrir la muerte de Orlando Figuera, un joven que murió tras ser quemado vivo durante las protestas contra el gobierno venezolano en 2017. Maduro exige la extradición de los responsables, quienes según él, se refugian en territorio español bajo el silencio cómplice del gobierno de Pedro Sánchez.
La acusación de Maduro y la búsqueda de justicia
Durante la transmisión de su programa «Con Maduro+», el mandatario venezolano reprochó la inacción del gobierno español, señalando directamente al Rey Felipe VI, al presidente del gobierno y al Poder Judicial español. «¿Acaso no les interesa la vida?», cuestionó Maduro, insinuando una supuesta complicidad de las autoridades españolas con la violencia ejercida contra Figuera.
Este señalamiento no es nuevo. A principios de junio de 2023, Maduro ya había exigido la extradición de los presuntos responsables. Según la versión de la Fiscalía venezolana, Orlando Figuera, de 22 años, fue brutalmente atacado durante una manifestación en Altamira, estado de Miranda. Sufrió una golpiza, heridas de arma blanca y fue quemado vivo, falleciendo horas después en el Hospital Domingo Luciani.
El caso Figuera: un obstáculo en las relaciones bilaterales
El caso Figuera ha generado un fuerte roce diplomático entre España y Venezuela. En 2020, la extradición de Enzo Franchini, opositor al gobierno de Maduro y acusado de participar en el homicidio, fue denegada por la Audiencia Nacional española.
La justicia española argumentó que existía un «temor racional y fundado» de que los derechos de Franchini pudieran ser violados por el gobierno venezolano. El auto emitido ponía en duda la legitimidad del Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, y cuestionaba la independencia judicial en el país sudamericano.
La negativa a extraditar a Franchini tensó las relaciones bilaterales, y las recientes declaraciones de Maduro avivan la polémica. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este caso, que pone sobre la mesa la cuestión de la justicia y la protección de los derechos humanos en un contexto político marcado por la polarización.
La sombra de la impunidad se cierne sobre este caso. Mientras Maduro exige justicia para Figuera, la negativa de España a extraditar al principal sospechoso alimenta la tensión diplomática y deja sin respuesta la demanda de justicia de la familia del joven fallecido.
