El Tribunal Constitucional (TC) comenzará el 18 de junio a estudiar el borrador de una sentencia que propone anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el conocido ‘caso de los ERE’.
El borrador de la sentencia y el papel de la Fiscalía
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que la ponencia, a cargo de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, coincide con el criterio de la Fiscalía. La propuesta plantea que se estime el recurso de Álvarez en relación al delito de prevaricación. El Pleno del TC deberá votar para decidir si apoya o no la redacción presentada.
A principios de año, se supo que el Ministerio Público había informado al tribunal de garantías que la eventual revisión de penas de los ERE debía limitarse al delito de prevaricación «en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos» de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.
Para la Fiscalía, tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación, al tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.
La cuestión constitucional y el debate en el TC
Las fuentes consultadas señalan que la cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos —que luego fue aprobada como ley— podía ser juzgada por un juez penal y calificada como un acto administrativo injusto.
Este será uno de los puntos clave del debate, ya que se examina si el juez en cuestión debería haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC en lugar de declarar ilegal la norma si tenía dudas sobre su legalidad.
Contexto y trascendencia del caso
El TC abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional. Esto se debe a que plantea «un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales», según indicó el tribunal en una nota informativa.
Implicaciones y posibles desenlaces
La revisión de la condena de Magdalena Álvarez podría tener importantes implicaciones tanto jurídicas como políticas. Si el TC decide anular la condena, sentaría un precedente significativo en cuanto a la interpretación del delito de prevaricación en el contexto de la elaboración y aprobación de leyes presupuestarias.
Además, este caso subraya la importancia de la separación de poderes y el papel del Tribunal Constitucional en la revisión de decisiones judiciales que pueden afectar derechos fundamentales. El resultado de este proceso será observado de cerca no solo por los implicados directos, sino también por la comunidad jurídica y la sociedad en general.
En resumen, el Tribunal Constitucional tiene ante sí una decisión de gran relevancia que podría redefinir aspectos clave del derecho penal y administrativo en España. La votación del Pleno del TC y su posterior resolución serán determinantes para el futuro de Magdalena Álvarez y para la jurisprudencia relacionada con el caso de los ERE.
