El Congreso de los Diputados será el escenario de una moción del Partido Popular (PP) que busca exigir al Gobierno que cese la presión sobre los jueces que investigan asuntos que afectan al Ejecutivo y que respete la libertad de prensa. Esta moción, derivada de la interpelación a la vicepresidenta económica María Jesús Montero, se centra en combatir la corrupción económica y política, garantizando la plena independencia de todas las instituciones y del Poder Judicial.
En el texto presentado, el PP critica a Montero por su evasiva respuesta ante los casos de corrupción vinculados al PSOE, acusándola de centrarse en evasivas relacionadas con la ultraderecha y el ‘y tú más’ para eludir su responsabilidad. La moción que se votará este jueves también insta al Ejecutivo a colaborar con la Justicia remitiendo toda la información solicitada y a dejar de presionar a jueces y magistrados en su labor.
Por otro lado, el PP demanda que el Ejecutivo respete la libertad de expresión y prensa, en respuesta a las críticas de miembros del Gobierno hacia ciertos medios etiquetados como «pseudomedios» y «tabloides digitales». Esta postura busca defender el derecho a la información y proteger a los medios de comunicación de cualquier tipo de coacción o censura.
NECESIDAD DE REFORZAR LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA
El Partido Popular también ha abordado el tema de la supervisión administrativa tras el estallido del ‘caso Koldo’, una serie de presuntas irregularidades relacionadas con altos cargos de diferentes administraciones. Mediante una proposición no de ley que se debatirá esta semana, el PP propone reforzar los mecanismos de supervisión interna y aumentar la rendición de cuentas de los altos cargos de la Administración.
Para el PP, la integridad de la Administración Pública es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. No cumplir con esto podría generar un ciclo de corrupción y desilusión que debilitaría las instituciones públicas aún más. El Sistema de Integridad de la Administración General del Estado incluye un Código de Buen Gobierno que recopila toda la legislación enfocada a evitar actividades que comprometan la integridad o independencia de los cargos públicos.
El PP argumenta que además de cumplir con la legislación, el Gobierno debe estar inspirado por el cumplimiento democrático. Según ellos, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de tomar medidas decisivas para restaurar la confianza y asegurar que los principios del buen gobierno se respeten en todas las áreas de la Administración. De esta manera, buscan que la transparencia y la ética sean pilares fundamentales en la gestión pública.
‘CASO KOLDO’: EL URGENTE NECESIDAD DE MEDIDAS FIRMES
El ‘caso Koldo’, vinculado a la operación ‘Delorme’, ha puesto de manifiesto la urgencia de reforzar las medidas de control y transparencia dentro de la Administración General del Estado. Esta situación ha implicado a altos cargos, incluyendo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en su etapa como presidente de las Islas Canarias, en presuntas irregularidades, subrayando la necesidad de revisar y fortalecer el sistema de integridad pública.
La propuesta del PP busca obtener el respaldo del Congreso para exigir al Ejecutivo que cumpla con el Código del Buen Gobierno y refuerce los mecanismos de control y supervisión interna no solo a nivel central, sino también en las administraciones periféricas. El PP considera que fortalecer la rendición de cuentas de los altos cargos es crucial para garantizar que sus actuaciones sean transparentes y ajustadas a la legalidad.
Finalmente, el Partido Popular aboga por promover una cultura ética de la integridad a través de acciones unificadas entre las diferentes administraciones. Pretenden fomentar el intercambio de buenas prácticas y mejorar la transparencia en las acciones gubernamentales. Este enfoque, según el PP, es fundamental para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y asegurar un gobierno justo y transparente en todos los niveles administrativos.
