En el mundo de la religión, las disputas y desacuerdos entre diferentes facciones y autoridades son un fenómeno común. Sin embargo, en ocasiones, estos conflictos pueden escalar a niveles sorprendentes, involucrando no solo cuestiones teológicas, sino también intereses materiales y legales. Este parece ser el caso de la reciente controversia que ha surgido entre las clarisas de Belorado y Orduña, y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.
La situación ha alcanzado un punto crítico, con acusaciones de operaciones inmobiliarias, imposición forzada del derecho canónico sobre el civil, y amenazas de excomunión. En este artículo, exploraremos los detalles de este conflicto, sus raíces y las perspectivas de las partes involucradas, en un intento por comprender mejor esta compleja y tensa situación.
Acusaciones de Operación Inmobiliaria y Violación de Derechos
El portavoz de las clarisas de Belorado, José Ceacero, ha lanzado graves acusaciones contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Según Ceacero, Iceta estaría intentando llevar a cabo una operación inmobiliaria, utilizando su autoridad eclesiástica para disolver las entidades jurídicas de las clarisas y así poder quedarse con sus inmuebles.
Ceacero afirma que Iceta está imponiendo de facto el derecho canónico por encima de la voluntad de separación de las clarisas, violando así el derecho de libre separación recogido en la Constitución española. En su opinión, el arzobispo busca disolver las entidades para apropiarse de los inmuebles, que luego serían vendidos y convertidos en liquidez, generando así un lucro para la arquidiócesis.
El portavoz de las clarisas insiste en que las monjas no buscan realizar ninguna operación inmobiliaria, sino simplemente vivir en los inmuebles que les pertenecen. Acusa a Iceta de estar imponiendo a la fuerza el derecho canónico por encima del civil para lograr sus objetivos económicos.
Situación de las Clarisas y Amenaza de Excomunión
Según Ceacero, las monjas clarisas están llevando la situación con bastante normalidad y naturalidad, conscientes de las posibles consecuencias de su decisión de abandonar la Iglesia Conciliar y estar bajo la tutela de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli. Han recibido un decreto canónico citándolas para comparecer ante un tribunal eclesiástico y ratificar su postura, lo que podría llevar a su excomunión individual.
El portavoz explica que la excomunión no puede ser aplicada «in genere» a una comunidad, sino que debe ser individual. Por ello, el arzobispado busca que cada monja ratifique su posición para poder excomulgarlas y así disolver la entidad jurídica, quedándose con los inmuebles.
A pesar de estas amenazas, Ceacero afirma que las clarisas seguirán actuando con normalidad y no reconocen la legitimidad del arzobispo Iceta ni del Papa Francisco. Han rechazado abandonar los inmuebles hasta que no haya una orden judicial que así lo indique.
Continuidad de las Actividades Litúrgicas y Normas de Vestimenta
A pesar del conflicto en curso, Ceacero asegura que se seguirán oficiando misas en el lugar, aunque en los últimos días las monjas han optado por mantener la iglesia cerrada para evitar la presencia de cámaras y medios de comunicación. Esta medida se mantendrá hasta que la situación vuelva a la normalidad.
No obstante, el portavoz recuerda a quienes deseen asistir a los actos litúrgicos que estos se desarrollarán siguiendo las normas establecidas en 1958 durante el pontificado de Pío XII. Esto implica que los hombres deberán asistir con manga larga, mientras que las mujeres deberán llevar manga larga, falda, medias y velo.
Esta adherencia a las normas de vestimenta tradicionales refleja la postura conservadora de las clarisas y su deseo de mantener las tradiciones y prácticas religiosas anteriores al Concilio Vaticano II. Es un elemento más que evidencia la profundidad de las diferencias entre las monjas y las autoridades eclesiásticas actuales.
En conclusión, el conflicto entre las clarisas de Belorado y Orduña y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha sacado a la luz tensiones y desacuerdos profundos dentro de la Iglesia Católica. Las acusaciones de operaciones inmobiliarias, violación de derechos y amenazas de excomunión reflejan la complejidad de la situación y los intereses en juego.
Mientras las monjas buscan mantener su autonomía y seguir viviendo en los inmuebles que consideran suyos, el arzobispado parece determinado a imponer su autoridad y tomar control de las propiedades. El desenlace de este conflicto dependerá de la capacidad de las partes para llegar a un acuerdo o de la intervención de las autoridades civiles si el caso llega a instancias legales.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de un diálogo abierto y respetuoso dentro de la Iglesia, así como la importancia de encontrar un equilibrio entre las normas canónicas y los derechos civiles. Solo a través de la comprensión mutua y la búsqueda de soluciones pacíficas se podrá superar este tipo de conflictos y preservar la unidad y la misión de la Iglesia.
