La Fiscalía Europea (EPPO) ha tomado a su cargo la investigación integral del ‘caso Koldo’, tras determinar que los delitos que se están investigando podrían tener un impacto directo en los intereses financieros de la Unión Europea. En un extenso decreto de 65 páginas, la EPPO explica que al menos uno de los contratos bajo investigación fue financiado parcial o totalmente con fondos europeos, lo cual complica la delimitación de las posibles irregularidades exclusivamente a una parte de los contratos de la empresa en el centro de la investigación.
La EPPO argumenta que la investigación conjunta de todos los contratos investigados es la solución más apropiada para esclarecer completamente los hechos. Sostiene que iniciar dos procedimientos separados podría perjudicar los derechos de defensa de los investigados y obstaculizar una investigación eficaz y ágil al duplicar las diligencias de investigación.
Crítica a la Fiscalía Anticorrupción por falta de información detallada
Dentro de su decreto, la EPPO critica a la Fiscalía Anticorrupción por no suministrar un relato detallado de los hechos investigados ni por individualizar las posibles conductas delictivas en la documentación presentada. Según la EPPO, la escasez de información detallada dificultó su capacidad para evaluar su competencia en el caso.
Además, la EPPO cuestiona la elección de la Fiscalía Anticorrupción de mantener la investigación sobre ciertos contratos, a pesar de saber que estaban financiados con fondos de la Unión Europea. Esto generó discrepancias con respecto a los criterios utilizados para decidir qué contratos debían investigarse en conjunto.
Responsabilidad de la Audiencia Nacional según la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea insiste en que, de acuerdo con la ley, una vez que ha ejercido su derecho de avocación, la Audiencia Nacional está en la obligación de transferirle el caso y abstenerse de llevar a cabo cualquier acto de investigación. Destaca que en situaciones que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, la competencia de la EPPO tiene prioridad sobre la de los jueces nacionales.
Para la EPPO, es evidente que los nueve contratos otorgados a la misma empresa, ya sea con financiamiento europeo o nacional, deben ser investigados conjuntamente debido a la unidad de acción y a la mecánica comisiva común que supuestamente involucra a los mismos sujetos.
En resumen, la Fiscalía Europea ha asumido por completo la investigación del ‘caso Koldo’ y ha solicitado a la Audiencia Nacional que le transfiera el caso para asegurar un desarrollo eficaz y coherente de la investigación.
