El 11-M es evidentemente una cicatriz permanente en España, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde se sintió el atentado en carne viva. De los culpables, tres siguen detenidos dentro de la comunidad, cumpliendo sentencias de heredarse condenarían a varias generaciones.
Tres condenados por la Audiencia Nacional por su participación en el atentado del 11 de marzo de 2004 siguen en prisión cuando se cumple el 20 aniversario del atentado yihadista. Se trata de Jamal Zougam, Otman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras, los tres con las mayores penas de los 18 que fueron condenados y con fechas de licenciamiento definitivo para su excarcelación en 2044, ya que tienen que cumplir 40 años en prisión.
Según se recoge en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgó el atentado que dejó 191 víctimas mortales y 1.857 heridos, consultada por Europa Press, Jamal Zougam fue condenado por pertenencia a organización terrorista islámica, depósito y confección de sustancias y artefactos explosivos.
Zougam fue condenado a 42.922 años de cárcel –el máximo que permite la ley– por colocar el último artilugio explosivo en el cuarto vagón del tren de Cercanías que salía de Alcalá de Henares a las 7.14 horas y explosionó a las 7.38 horas cuando estaba parado en la estación de Santa Eugenia.
La sentencia también menciona su relación con las tarjetas usadas en el atentado. «Al menos nueve tarjetas de la partida de treinta que llegaron al locutorio de Jamal Zougam fueron usadas por los miembros del grupo que intervinieron en los atentados», dice textualmente.
EL TRANSPORTISTA DE EXPLOSIVOS DEL 11-M
El segundo terrorista que sigue cumpliendo condena por el 11-M transcurridos 20 años del atentado es Otman el Gnaoui, responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada.
En concreto, la sentencia constató su participación en el transporte de los explosivos desde Asturias hasta la casa de Morata de Tajuña (Madrid) donde se montaron las 13 bombas que luego fueron colocadas en los cuatro trenes de Cercanías.
Otman el Gnaoui fue condenado a 42.922 años de cárcel, además, por facilitar documentación «a sabiendas» de que iba a ser manipulada para ocultar la identidad de los terroristas.
LA EUTANASIA COMO FORMA DE REDUCIR LA CONDENA
El tercero de los condenados por el 11-M que continúa en prisión es José Emilio Suárez Trashorras. Este exmininero asturiano fue condenado a 34.715 años de cárcel por encargarse de facilitar los explosivos de Mina Conchita que luego usaron en Madrid la célula yihadista.
Según informó El Comercio, el avilesino de 47 años solicitó el pasado viernes acogerse a la ley de eutanasia como protesta por «a falta de tratamiento médico y psicológico» que recibe en el Centro Penitenciario de Asturias.
En concreto, Trashorras argumentó su solicitud de «morir dignamente» atendiendo a su larga condena –de los que al menos deberá cumplir 40 años– por actuar como cooperador del atentado, aunque la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, en vigor desde el 25 de junio de 2021, solo permite dar esta prestación a las personas mayores de edad «con un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal, o por una enfermedad irreversible con limitaciones en su autonomía física podrán pedir una eutanasia a su médico».
Desde prisión, Trashorras ha formulado «decenas de instancias solicitando» permisos carcelarios y otros beneficios pero no le han sido concedidos. Algunas de las razones que argumenta el Ministerio del Interior para rechazar sus reclamaciones son «la gravedad y repercusión» de los hechos protagonizados por él y la necesidad de evitar la revictimización de las personas dañadas por su actuación delictiva.
De hecho, la sentencia del 11-M recoge que tanto Trashorras –condenado por 192 asesinatos, incluyendo la muerte del policía fallecido tras la explosión de los terroristas suicidas en el piso de Leganés– como Jamal Zougam y Otman el Gnaoui deberán indemnizar de forma conjunta y solidariamente a las víctimas del atentado perpetrado el 11 de marzo de 2004, tres días antes de que se celebraran elecciones generales en España.
De los 21 condenados por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ratificó en 2008 las penas de prisión para 17 de ellos, ya que absolvió a cuatro y condenó a uno que había quedado libre, el asturiano Antonio Toro, y que luego se enfrentó a cuatro años de prisión por tráfico de explosivos.
