El Estado lleva a rajatabla el ‘yo me lo guiso, yo me lo como‘ en cuanto a la adjudicación de obras públicas se trata. Siete de cada diez encargos licitados por las Administraciones Públicas se conceden a 14 empresas públicas, que actuarían como un oligopolio.
Esta preocupante situación podría terminar agravando el número de licitaciones desiertas -que CNC viene denunciando desde finales de 2021- y el incremento descontrolado del uso de medios propios por parte de las AAPP para ejecutar contratos públicos: de 2021 a 2022, el número de encargos a medios propios creció un 77%, pasando de 1.888 a 3.346 encargos.
Además, si atendemos a los importes de esos encargos, vemos que si en 2021 las tres AAPP -central, autonómica y local- destinaron algo más de 589 millones de euros a la ejecución de contratos mediante empresas públicas, al año siguiente, en 2022 el importe se incrementó casi un 350%, hasta los 2.631 millones. Una cantidad que es 4,5 veces mayor que la de 2021 y una auténtica irresponsabilidad que elimina el principio de libre concurrencia y capacidad.
EL 70% DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS, EN MANOS DE 14 EMPRESAS
Según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), 2.376 contratos de los 3.346 concedidos por las Administraciones públicas se han entregado a las 14 empresas públicas. para la CNC, se trata de un «abuso» y «una falta de concurrencia que amenaza la competencia empresarial». En definitiva, compromete la ejecución de los fondos europeos y los objetivos del Plan de Recuperación.
Se trata de los datos más recientes que la patronal ha extraído del informe ‘La publicidad de los encargos a medios propios’, elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda.
Estas elevadas adjudicaciones suponen un torpedo en la línea de flotación a la libre competencia del sector privado. El ataque no solo se hace desde el Estado, sino también autonómica y central. La causa de estas ‘autoadjudicaciones’ públicas se centra en la ausencia de un mecanismo estable y ambicioso de revisión de los precios de los contratos públicos. En este sentido, muchas constructoras privadas evitan este tipo de adjudicaciones en un momento en el que la inflación se fue disparando hasta cerrar en el 5,7%.
LA SUBIDA DE LOS MATERIALES, EL FRENO A LAS SUBASTAS PÚBLICAS
Los materiales de la construcción no subieron como el Índice de Precios al Consumo, sino hasta llegar a duplicarse y triplicarse en algunos casos ante la escasez y los asfixiantes cuellos de botella. La industria llegó a cerrar la actividad en algunas promociones ante la imposibilidad de trasladar estos sobrecostes al cliente, pero la Administración pública se negó en rotundo a renegociar contratos.
Por este motivo, las constructoras se negaron a su vez a licitar los contratos públicos si no incluían esta cláusula de revisión de precios. De hecho, numerosos contratos quedaban desiertos. Pero nadie en el sector privado quiere asumir pérdidas por la subida del precio de los materiales, más cuando fue una tendencia a nivel mundial.
La cerámica, por ejemplo, disparó su precio un 159% desde los mínimos de 2020, mientras que el precio aluminio y los materiales siderúrgicos han aumento un 149% y un 146%, respectivamente. Los precios del vidrio, bituminosos, químicos y explosivos han crecido entre un 140% y un 136%. Todo ello, ha provocado la huida de empresas ante estos contratos debido a la incertidumbre generada por la espiral inflacionaria en 2022.
Las constructoras sufren importantes dificultades para pujar por contratos públicos sin comprometer sus balances de resultados y que cada vez tienen menos actividad por los encargos internos que hace la administración
La misma situación se ha mostrado en este pasado 2023. Las adjudicaciones de obras a empresas que acuden en solitario a las ofertas de las administraciones ascendieron a 1.213 millones de euros en 4.875 contratos. Una cantidad muy elevada comparada con el importe adjudicado a empresas que acudieron en solitario y sin competencia en el año 2019: 315 millones de euros, cuatro veces menos.
Este hecho restringe peligrosamente el número de empresas que compiten por un contrato en las administraciones públicas. La primera consecuencia es la práctica ausencia de la reñida competencia, que se ha desplomado un 63% desde 2019, cuando acudían una media de 6,99 empresas a una licitación pública frente a las 4,3 empresas en la actualidad. Y todo eso tras duplicarse el volumen de licitaciones entre 2019 y 2023, hasta los 17.000 millones de euros destinados actualmente.
UN SISTEMA PARA SUBIR PRECIOS EN CASO DE INFLACIÓN GALOPANTE
La patronal atribuye esta situación a la ausencia de un sistema de reequilibrio económico de los contratos públicos desde hace un año, justo cuando expiró el decreto 3/2022, que ha sido modificado hasta tres veces. Se trataba de establecer un mecanismo que perdurase en el tiempo y que ofreciera garantías, pero con la inflación las empresas privadas se alejan cada vez de la llamada del dinero público.
Las subastas quedan así desiertas y solo queda la propia administración y sus empresas públicas para poder realizar las obras pertinentes. Así, se limita la riqueza y el empleo, especialmente en las empresas subcontratadas, especialmente entre las pymes.
Además, cada vez se aprecia más claramente que las licitaciones desiertas motivan encargos a medios propios pero a precios muy superiores a los originales, suponiendo menos actividad empresarial y a un coste muy superior. Asimismo, recuerdan que estos encargos no generan tributación como una licitación ordinaria, por ejemplo en el IVA.
EL GOBIERNO, SIN MOVIMIENTO
El parche de 2023, firmado por Raquel Sánchez, es del todo insuficiente para compensar las pérdidas empresariales por las tensiones en los precios de los materiales básicos y la energía un año después de su entrada en vigor y se mantiene el bloqueo a crear un mecanismo que reequilibre las prestaciones de los contratos públicos.
«Una situación que amenaza a las empresas y al propio sector, que sufren importantes dificultades para pujar por contratos públicos sin comprometer sus balances de resultados y que cada vez tienen menos actividad por los encargos internos que hace la administración», afirman desde la CNC.
Recordemos que en 2018 apenas se publicaron encargos a medios propios por importe de 3 millones de euros. Desde entonces: 121,2 millones en 2019, 66,3 millones en 2020 y 589 millones en 2021. Los 2.631 millones de euros destinados en 2022 reflejan adjudicaciones arbitrarias y desproporcionadas con consecuencias nefastas para el tejido productivo y para la ciudadanía.
«La contratación pública en España está enferma por la amenaza que supone para la competencia empresarial el abuso de estas prácticas», afirma el presidente de la Construcción, Pedro Fernández Alén. «Y esta situación resulta especialmente preocupante, ya que podría alejar compromisos ineludibles como la ejecución de los fondos europeos con los que lograr los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», asegura.
