Una de las máximas del aparato legislativo y judicial español es tratar a todas las personas con dignidad, aunque se hable de individuos considerados culpables de cualquier delito. En este sentido, las normativas nacionales establecen una serie de derechos de obligado cumplimiento para los acusados que se deben tener muy en cuenta en cualquier procedimiento, especialmente en los de carácter penal.
En Chabaneix Abogados Penalistas, un bufete especializado en casos que implican penas de cárcel para los acusados, son rotundos con esto: «desde la preservación de la presunción de inocencia hasta la garantía de una defensa justa y competente, son muchos los derechos que se deben cuidar hasta el extremo ante una persona acusada en nuestro país».
En una sociedad en la que, cada vez más, se tiende a condenar desde la esfera pública a los acusados, es importante recordar cuáles son esos derechos y trabajar, desde todas las esferas, porque se garanticen en todo momento.
Presunción de inocencia
La presunción de inocencia suele ser uno de los derechos más vulnerados, sobre todo en causas graves que llegan a la prensa o tienen un relevante calado a nivel social.
Nuestra norma establece que cualquier persona debe ser considerada inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en sede judicial. Dicho de otro modo, hasta que una sentencia no identifique a la persona acusada como definitivamente culpable, esta no puede ser tratada como tal.
Es importante ser muy cautos con esto, pues vulnerar la presunción puede tener consecuencias para el medio de comunicación o la persona que lo haga, incluso en aquellos casos en los que se acaba demostrando la culpabilidad.
Derecho a juicio justo
Nuestra Constitución reza que todos somos iguales ante la ley y, por tanto, la vara de medir debe ser la misma para cualquier persona, aunque su culpabilidad esté clara a nivel social.
En este sentido, los profesionales del derecho trabajan para que todo implicado en un juicio viva un proceso transparente, abierto a la ciudadanía y donde se dé espacio suficiente para que esta persona argumente su defensa ante el tribunal.
Derecho a la defensa legal
Cualquier persona tiene derecho, en España, a contar con asistencia letrada. Precisamente por ello, existen servicios públicos como los de abogados de oficio, que sirven a personas que no pueden acceder a abogados privados.
Esto no se hace por otro motivo que asegurar que todo individuo que vaya a una sede judicial tenga el respaldo de un profesional que se mueva a favor de sus intereses.
Derecho a no autoinculparse
Los acusados en un juicio cuentan con la posibilidad de no responder a las preguntas de abogados y fiscales, así como a no incriminarse de manera forzada. En nuestro país, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ya que se considera que esto es una falta absoluta de margen para defenderse con los argumentos que se estimen necesarios.
Estos son los principales derechos que tienen las personas acusadas en España, y las herramientas de trabajo con las que letrados especializados como los de Chabaneix Abogados Penalistas cuentan para asistir a sus clientes. Tenerlos en cuenta resulta clave para asegurar un funcionamiento óptimo de nuestros palacios de justicia.
