Una presunta estafa de más de 350.000 euros a una veintena de personas, entre ellas un popular actor, ha llegado este martes a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid dieciséis años después con tres acusados en el banquillo por supuestamente solicitar préstamos a nombre de los perjudicados gracias a los datos que tenían al haber comprado las víctimas vehículos en el concesionario donde trabajaban.
El fiscal les acusa de un delito continuado de falsedad en documento mercantil con un delito continuado de estafa con la atenuante de dilaciones indebidas, por lo que se pide una pena de un año y seis meses de prisión a cada uno de ellos y multa de 8 meses a 6 euros la cuota diaria.
Las víctimas habían adquirido en este concesionario un coche. Los procesados usaron presuntamente sus datos falsificando firmas para solicitar posteriormente créditos de entre 12.000 y 22.000 euros, cantidad que ahora tendrán que devolver de forma conjunta.
Según el fiscal, los acusados solicitaron un préstamo a nombre del actor J.A. por un importe de 19.700 euros ingresado el 19 de octubre de 2008 en una de las cuentas bancarias usadas por los supuestos estafadores para financiar el pago del precio aplazado de la compra de un vehículo marca BMW.
Este testigo, cuyo nombre no quiere que trascienda, ha comparecido ante el tribunal explicando que le llamaron para que denunciara que alguien había comprado un coche a su nombre, sin que hubiera solicitado ningún crédito.
«Ni siquiera la firma era mía, no tenía nada que ver», ha subrayado, indicando que habían tenido relación con el concesionario por otras cuestiones. Durante meses, alguien estuvo llamando al actor y a su entorno acusándole de haber robado un coche.
FALSIFICACIÓN DE FIRMAS
Según el escrito de la Fiscalía, los procesados era socios de una mercantil en la que trabajaban desarrollando actividades de compraventa de vehículos en un concesionario situado en el distrito de Hortaleza de la capital.
Dichos acusados utilizaban «los servicios de la entidad Finanmadrid para la financiación de las compraventas de los clientes». Uno de los procesados era el encargado de comprobar y validar la documentación de los préstamos solicitados desde el concesionario para presentarla ante dicha entidad a fin de que ésta estudiara su aprobación, «aumentando su remuneración mensual en función del número de préstamos tramitados».
Durante los años 2007 y 2008, «todos ellos de previo y común acuerdo, con unidad de propósito y ánimo mendaz y de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, se hicieron pasar por varias personas como solicitantes de préstamos a la citada entidad y de cuyos datos disponían merced a que habían comprado vehículos con anterioridad en dicho concesionario». La entidad concedió los préstamos solicitados confiando en la aparente solvencia económica de tales personas solicitantes.
