El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este lunes ante los sindicatos de la Policía Nacional que el Gobierno no contempla que pierdan sus competencias en el control migratorio o sobre lucha contra la inmigración irregular en Cataluña.
Las organizaciones sindicales, según fuentes conocedoras de la reunión del Pleno del Consejo de la Policía, han mantenido sus recelos por el acuerdo con Junts en materia migratoria y también por el precedente de la ley de amnistía.
En este sentido, las organizaciones reclaman que se defienda a los policías que siguen bajo investigación judicial por hacer frente al referéndum del 1-O y las protestas de independentistas tras la sentencia contra los líderes del ‘procés’.
En la reunión del Pleno del Consejo de la Policía Nacional, Grande-Marlaska se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando que las expulsiones y control fronterizo es materia exclusiva de la Administración General del Estado y no se puede delegar, si bien se ha abierto a transferir otras sobre autorizaciones iniciales de empleo y políticas de integración.
Tras la convalidación de los decretos ley con la abstención de Junts, dirigentes de este partido liderado por Carles Puigdemont justificaron acuerdo sobre el traspaso en materia migratoria señalando que Cataluña podría decidir sobre la expulsión de migrantes multirreincidentes en Cataluña o para regular esta materia teniendo en cuenta aspectos como la lengua.
Tras la reunión con Grande-Marlaska, desde los sindicatos han señalado que continuarán «vigilantes» ante la negociación que se pueda abrir en materia de migración. También han expresado sus dudas con el alcance de la ley de amnistía, reclamando que públicamente se respalde el trabajo de los policías que defendieron la legalidad en Cataluña frente al referéndum independentista de 2017.
Desde las elecciones generales y la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la mayoría de los sindicatos de la Policía –y también asociaciones de la Guardia Civil– han criticado lo que califican como «desguace del Estado» en Cataluña, ya que temen su expulsión de esta comunidad autónoma, así como del País Vasco y Navarra.
Según los sindicatos, en la reunión de este lunes se ha anunciado que en quince días se retomará la negociación de la jornada laboral, así como otras cuestiones como la nueva ley de condecoraciones.
