La agenda energética europea ha adquirido una relevancia sin precedentes bajo una presidencia europea de España que, una vez aprobada la reforma eléctrica, deberá espera a que sea la presidencia belga quien formalice el acuerdo político comunitario.
El gabinete de Pedro Sánchez ha sacado pecho al acuerdo que, tras meses de intensas negociaciones, alcanzaron los ministros de Energía de la UE a mediados de octubre para reformar el mercado eléctrico. El Ejecutivo español no ha dudado en anotarse el tanto de haber conseguido un difícil consenso entre los socios.
Reconocida por su potencial en energías renovables, España ha liderado iniciativas europeas destinadas a una transición hacia una matriz energética más sostenible y limpia, pero el discurso hacia los socios europeos sobre la sostenibilidad y el impulso a un mercado más eficiente ha entrado en disonancia con los mensajes de puertas adentro del recién nombrado Gobierno.
Pocos días después de capitalizar como un auténtico logro el acuerdo sobre la reforma eléctrica de los 27, el propio Sánchez desveló un acuerdo de gobernabilidad con Sumar, su principal apoyo parlamentario, en el que dejaba entrever que realizará una especie de interpretación nacional de una reforma europea que no atendió las aspiraciones iniciales de su renombrada ministra Teresa Ribera.
“Continuaremos profundizando en la reforma del mercado eléctrico mayorista, encaminada a resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista y los llamados beneficios caídos del cielo. De esta forma, trasladaremos el beneficio de las energías renovables a los consumidores, abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones”, indicó el documento sobre el acuerdo de gobernabilidad alcanzado por el PSOE y Sumar.
Blanco sobre negro. En su política energética nacional, España pretende aplicar recetas alejadas de esa reforma del mercado eléctrico europeo que presume de haber conseguido y que refrenda el mecanismo de casación de precios marginalista y, al mismo tiempo, aleja la opción de abordar, si existiesen, los beneficios caídos del cielo.
Los llamados “windfall profits” consisten en las ganancias que obtienen las tecnologías de generación eléctrica, que no tienen que pagar derechos de CO2 ni usan gas, al cobrar en el mercado el mismo precio que la fuente de generación más cara, los ciclos combinados de gas. Una situación puramente coyuntural (subida del gas natural por conflictos geopolíticos) en el sector eléctrico frente a los productores y comercializadores de energías fósiles en los que estos beneficios caídos del cielo tienen un carácter estructural.
La incertidumbre regulatoria es otra de las grandes contradicciones entre la política europea y la española. Además de asegurar la estabilidad de los precios, el principal objetivo de la reforma europea es acelerar el despliegue de las energías renovables y mejorar la estabilidad del sistema, aspectos para los que es imprescindible reducir la burocracia y garantizar inversiones que requieren un marco regulatorio estable.
Excepción ibérica e impuestos a las energéticas
Y ahí de nuevo se abre una brecha entre la retórica europea y la realidad nacional, cuando el Gobierno español defendía una excepción ibérica que, según un estudio de Oxford Institute for Energy Studies no sólo no ha bajado la factura de los consumidores sino que la ha aumentado. Pero la disonancia discursiva no acaba ahí. Sánchez y sus socios también han manifestado su intención de mantener el impuesto extraordinario a las energéticas. Una intención que tropieza de nuevo con la apuesta por las renovables al no distinguir entre sectores energéticos ligados a los combustibles fósiles y penalizar al sector eléctrico, que lidera y asume gran parte del coste de la transición.
España es el único país de la región que grava los ingresos de las eléctricas en vez de los beneficios extraordinarios de las fósiles, contradiciendo lo que marca la Unión Europea, que planteó un gravamen del 33% sobre las ganancias extraordinarias, pero solo de petroleras, gasistas y actividades de refino. Así, España se ha convertido en el único país europeo que grava la facturación de las eléctricas —en concreto, el 1,2%—, un sector clave para impulsar el cambio de modelo energético.
De hecho, Bruselas ha animado a quitar ya el impuesto a las energéticas porque “la situación es muy diferente a la que existía cuando entró en vigor el reglamento”, según se recoge en el primer informe que ha elaborado para evaluar el impacto de esa tasa solidaria en cada país y si se debería seguir con ella.
Fondos europeos para la mejora de las redes
Otro asunto pendiente, y que también ha servido a España algunas críticas por falta de previsión, es la modernización y extensión de unas redes eléctricas que no están listas para dar conexión a las nuevas fórmulas energéticas. De nada sirve aumentar el parque de vehículos eléctricos si no hay suficientes puntos de recarga. Bruselas ha presentado un plan de desarrollo de más de medio billón de euros para reformar unas infraestructuras que no están preparadas y necesitan ser reforzadas para manejar tanto la esperada demanda masiva de electricidad de origen renovable como el aumento de las instalaciones productivas.
Además de otras cuestiones, la UE plantea la posibilidad de usar fondos europeos ya existentes para la mejora de las redes. En el caso español, el coste del crecimiento y mejora de las redes eléctricas recae en el consumidor que mensualmente paga por ello en su recibo. Se trata de precios regulados, determinados por la propia CNMC, que se destinan a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución. La posibilidad de utilizar estos fondos ya aprobados por Bruselas exoneraría al cliente eléctrico de estos pagos, con la consiguiente rebaja en su factura mensual (uno de los objetivos también de la reforma del mercado eléctrico).
En concreto, hace referencia a la posibilidad de utilizar distintos instrumentos de financiación de la UE, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), los Fondos de Cohesión (FC) o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (FRR), incluyendo su componente REPowerEU.
En este nuevo escenario, el Gobierno español, que tiene auto limitadas por ley las inversiones en redes de transporte y distribución de electricidad, tiene una oportunidad única para potenciar estas infraestructuras y aprovechar su posición destacada en la generación de energía renovable, al disponer de 23.000 millones de euros en fondos FEDER hasta 2027.
