El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirá en su Pleno de este jueves la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias recién creadas para detectar supuestos casos de ‘lawfare’, a petición de los vocales conservadores, los cuales consideran necesario que el órgano adopte un «rotundo posicionamiento» contra el «acoso» a jueces y magistrados.
En un escrito, los vocales José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Olea, Nuria Abad, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona piden al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que en este Pleno ordinario se examinen «las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes poderes del Estado».
En concreto, estos nueve vocales –que junto a Guilarte forman el llamado bloque conservador del CGPJ– ven necesario analizar la «legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y el deber de comparecencia de los jueces» en las mismas.
«El continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial, exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho», dicen.
En los últimos días, varios vocales habían planteado redactar un informe con razones jurídicas que respalde a los jueces y magistrados que se nieguen a comparecer en dichas comisiones, una propuesta que ha tenido buena acogida interna, por lo que el CGPJ ya estudia la posibilidad de elaborarlo, según las citadas fuentes.
Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aclaró el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los jueces «no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación» parlamentarias.
Estos movimientos tienen lugar después de que el Congreso de los Diputados acordara la semana pasada crear tres comisiones de investigación para indagar en la denominada ‘Operación Cataluña’, los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 y el espionaje a los independentistas con el programa ‘Pegasus’.
LOS ATAQUES DE JUNTS
En esa misma sesión parlamentaria, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, llamó «indecentes» al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes, Pablo Llarena y Carmen Lamela.
Un día antes, en el Senado, el representante de Junts Josep Lluís Cleries acusó a los togados de emprender una «batalla política» para «intentar torpedear» la ley de amnistía. Ante tales afirmaciones, Bolaños salió en defensa de los jueces y de su independencia.
Desde el CGPJ, Guilarte reaccionó calificando de «inadmisible» el «ataque personal» de Nogueras a varios magistrados del TS, al tiempo que ratificó que adoptará las medidas necesarias para protegerlos. Fuentes del Consejo detallan que éstas podrían ir desde el amparo institucional hasta la remisión de los casos a Fiscalía si se aprecia delito.
El CGPJ ya ha expresado hasta dos veces su «frontal oposición» a estas comisiones parlamentarias, avisando de que actuará por «los cauces legalmente establecidos» si es necesario.
PREOCUPACIÓN ENTRE LOS JUECES
El origen de las mismas es la parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez donde habla de crear comisiones de investigación cuyas conclusiones «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad».
Esa coletilla final ha hecho temer tanto a los jueces como a los fiscales que participaron en las causas que se verán afectadas por la amnistía que se emprendan acciones en su contra, lo que ha llevado a los cuatro fiscales del juicio del ‘procés’ –Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno– a pedir «amparo institucional» al fiscal general del Estado, Álvaro García Estado, un asunto que se debatirá el próximo día 20 en el Pleno del Consejo Fiscal.
En lo tocante a jueces y magistrados, la misma LOPJ establece que tienen responsabilidad penal, civil y disciplinaria por las acciones cometidas en el ejercicio de su cargo. La primera podría traducirse en querellas por prevaricación –delito castigado con hasta 4 años de cárcel–; la segunda, en el resarcimiento de los daños causados; y la tercera, en sanciones por «exceso o abuso de autoridad».
Aunque en ningún caso las comisiones de investigación podrían actuar directamente contra ellos, ya que si apreciaran tales responsabilidades tendrían que remitir los casos a la Fiscalía, el juzgado que corresponda o el propio CGPJ, lo cierto es que hay cierta preocupación entre los jueces y magistrados por cómo puedan desarrollarse los acontecimientos, apuntan fuentes jurídicas.
