La Justicia Británica se ha pronunciado sobre la demanda que Corinna Larsen interpuso en la Corte inglesa contra el Rey Juan Carlos por un presunto delito de acoso y en la que su examiga entrañable le reclamaba 146 millones de euros en concepto de daños y prejuicios.
El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha concluido que el Rey Emérito no puede ser juzgado en Reino Unido por este asunto al «carecer de competencia». «Mi conclusión principal es que carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada», ha señalado la juez Collins Rice.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez ha indicado que tampoco está convencida de que el demandado se haya sometido, o deba considerarse que se ha sometido, a la jurisdicción del Tribunal Superior por su propia conducción de este litigio hasta el momento.
La decisión se ha dado a conocer este viernes después de que el pasado julio el tribunal escuchara las alegaciones de la defensa de Juan Carlos I, a cargo del bufete británico Velitor Law.
El equipo jurídico del rey emérito solicitó entonces que se desestimara la demanda de Corinna al considerar que los tribunales de Reino Unido no eran los competentes para conocer de esta demanda. La defensa se basó en el artículo 4 de la regulación de la UE sobre jurisdicción, el cual establece que las personas domiciliadas en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, deben ser demandadas ante los tribunales de ese país.
Así, insistieron en que los tribunales españoles eran los competentes para ocuparse de la demanda de Larsen. A ello, añadieron que «la cuestión clave» era si, en relación con los supuestos actos de acoso, Reino Unido era el lugar donde se produjo el presunto ‘evento dañino’ o el ‘daño directo’, algo que, según apuntaron, los abogados de Larsen no habían demostrado.
Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa fue «la evidente falta de credibilidad de la demandante». A este respecto, pusieron de relieve que la princesa alemana había solicitado permiso para hacer una nueva modificación a su demanda original. «Como sus predecesoras, es incoherente, internamente contradictoria y manifiestamente mala en términos legales», apuntó la defensa de Don Juan Carlos.
En este punto, negó la existencia de «una pauta de conducta» de acoso atribuible al antiguo monarca, reprochando a Larsen que se limitase a relatar «varios incidentes» que, a juicio de la defensa, «son altamente diferentes en cuanto a su naturaleza, tienen lugar de forma esporádica a lo largo de varios años y fueron llevados a cabo por distintas personas (no siempre el demandando) contra diversos objetivos, no siempre contra ella.
Además, subrayó que las afirmaciones de Corinna -que el Rey «niega enfáticamente»- no solo son «falsas» sino también «inconsistentes con las declaraciones públicas hechas por ella» antes de que iniciara el litigio.
De hecho, recordó que, tras la abdicación de Juan Carlos I, el 14 de junio de 2014, Larsen «emitió un comunicado de afecto» donde le describe como «un hombre de una profunda humanidad y valentía, un leal y siempre atento amigo», además de un «gigante de la Historia».
LA INMUNIDAD DE DON JUAN CARLOS
Las fuentes consultadas por Europa Press señalaron que el objetivo aquella vista de cuatro días era abordar las cuestiones preliminares que quedaron pendientes hasta que se resolviera el alcance de la inmunidad del antiguo monarca.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales estableció que Don Juan Carlos goza de inmunidad respecto a las actuaciones previas a su abdicación como Rey de España, en 2014.
Esta decisión judicial implica que la demanda de Corinna que sitúa el marco temporal del presunto acoso entre 2012 y 2020, solo podría seguir su curso ante los tribunales británicos por lo ocurrido a partir de 2014.
La empresaria relató en su demanda que el Emérito habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios.
Reclamó al padre de Felipe VI una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido.
