El director de cine y productor de películas para adultos, Ignacio Allende Fernández, alias Torbe, se librará previsiblemente de entrar en prisión al pactar una condena de dos años de cárcel y una multa de 65.000 euros al reconocer que grabó y difundió dos vídeos sexuales con dos menores.
Tras meses de negociaciones, la defensa del actor ha logrado cerrar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid y las acusaciones que supone la reducción de los casi ocho años de cárcel al que se enfrentaba con tan solo dos años.
La abogada de Torbe ha anunciado que solicitará en la fase de ejecución de la sentencia la suspensión de la pena al cumplir los requisitos legales para ello.
El acuerdo se ha materializado este lunes en el juicio al aplicar las partes en la condena a imponer una atenuante de dilaciones indebidas y otra de reparación del daño al haber ingresado a una de las chicas 50.000 euros y haber abonado 15.000 euros.
En concreto, Torbe ha admitido que cometió dos delitos de distribución de pornografía, otros delitos de posesión y descubrimiento. Fuentes fiscales han detallado que el delito de producción de pornografía se ha retirado al desconocer Torbe en el momento de la grabación de las imágenes que la joven era menor, lo que no ocurrió cuando distribuyó el vídeo que sí lo sabía.
Con la pena de dos años de cárcel, no entraría en la prisión, ya que Torbe tiene extinguida otra condena por corrupción de menores de 2008, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La solicitud de la fiscal incluye que se le prohíba durante seis años trabajar con menores y acercarse durante cuatro años a la víctima. En su informe, la representante del Ministerio Fiscal ha subrayado que en el caso de uno de los vídeos, éste se «viralizó» por toda España.
Pese al acuerdo, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid ha celebrado el juicio sin la práctica de la prueba ante el reconocimiento de los hechos por parte de Torbe y otro de los acusados, F.J. Mina.
Torbe ha asistido al juicio a través de videconferencia por vivir fuera de Madrid, una circunstancia a la que se habían opuesto las acusaciones. En la vista, el popular director de cine de adultos se ha limitado a señalar que reconocía de forma íntegra los hechos que se le imputan.
El único que se opone a la acusación es J. C. Panadero, quien en su declaración ha manifestado que este asunto le «repugna» desde el principio. «No hubiera enviado algo así», ha aseverado a preguntas de la fiscal. El procesado, el montador de los vídeos, afronta tres años de cárcel por la presunta comisión de un delito de distribución de pornografía.
Así, ha insistido que él no pudo enviar ese vídeo a través de un correo al acusado F. J. Mina. «Yo no quise enviar esos archivos y mucho menos, ya se podía morir mi padre, enviar eso. Él –Torbe– a mi negativa, me dijo: dile al de la oficina que me los mande», ha relatado.
Además, ha denunciado que lleva cuatro años sin que se le escuche y sin saber de qué se le estaba investigado por estos hechos. Para sustentar sus afirmaciones, ha traído al juicio al perito Emilio Hellín Moro.
Según el fiscal, la difusión «viral» de un vídeo de contenido sexual en las redes sociales en el que aparecía una menor de edad «ocasionó a la testigo protegido un trastorno por estrés postraumático de intensidad media-alta».
Es más, subraya que «todo ello afectó gravemente a la joven en su esfera personal, familiar y social, debiendo dejar sus estudios al no poder continuar su proceso formativo».
En diciembre de 2012, según el escrito de acusación, Torbe contactó con L. M., una joven rumana quien, tras comunicarle verbalmente que era mayor de edad, concertó grabar dos vídeos de contenido pornográfico en los que aparecían ella y dos de los acusados.
Poco después Torbe tuvo conocimiento de que en realidad la joven aún no era mayor edad, por lo que esperó unos meses a que cumpliera los 18 años y publicar así los dos vídeos en su página web ‘putalocura’.
La joven denunció los hechos en una declaración prestada en Rumanía el 21 de noviembre de 2016. Tres años después, Torbe recibió un mensaje de una testigo protegido en el que, tras afirmar que era mayor edad, se ofrecía para realizar vídeos pornográficos.
En su mensaje incluyó varias fotos de ella desnuda que gustaron el acusado, por lo que ordenó a M. P. V. que se pusiera en contacto con ella y rodara un vídeo en su domicilio de Madrid. Las escenas fueran grabadas con un móvil «con el conocimiento y consentimiento» de la testigo protegido.
Una semana después Allende envió sin el consentimiento de la joven una foto a M. en la que aparecía desnuda y «en la que se veía claramente el rostro y la fisonomía» de la testigo protegido.
El 30 de octubre de 2015 Allende y la joven se citaron de nuevo para grabar más escenas de sexo reales junto a otra mujer. Una vez acabada la grabación, Torbe pidió a la chica que se pusiera la camiseta de su club y que mientras exclamaba ‘Aúpa Athletic’ se la subiera para mostrar sus pechos. La grabación se hizo con el consentimiento de la menor.
Un mes más tarde la joven telefoneó a Allende para advertirle de que dicho video se había hecho viral y que aún no había cumplido 18 años, «conociendo este acusado a partir de este momento sin ningún género de dudas que la chica era menor edad». Por este motivo, Torbe envió desde su cuenta de correo un mensaje a la web «Forocoches» para que retiraran dicho vídeo porque la joven era menor de edad.
Por otra parte, según el escrito, M. siguió insistiendo a Allende para que le enviara los dos vídeos a pesar de que ya tenían constancia de que la chica aún no había cumplido los 18 años. Pese a ello Torbe pidió a su empleado P. que se los enviara a M. mediante wetransfer.
El propio M. almacenó en su ordenador los vídeos y fotografías que mandó la testigo protegido con el fin de ser actriz de cine pornográfico. Finalmente, el 4 de noviembre de 2015 la joven, asistida por su padre, presentó una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Alcobendas.
