La Comunidad de Madrid ha acordado este miércoles una ampliación de 22,5 millones para los contratos que dan cobertura en 2023 y 2024 a la ayuda a domicilio de las personas con algún grado de dependencia reconocida, una inversión que beneficiará mensualmente a más de 1.200 nuevos usuarios del servicio.
La modificación presupuestaria ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno celebrado hoy y supone un incremento adicional a los más de 117 millones que ya se vienen invirtiendo en este servicio anualmente, y que unido al convenio con el Ayuntamiento de Madrid, permite el cuidado en su hogar a 48.000 dependientes, según ha explicado en la rueda de prensa posterior el consejero de consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
Se trata de la segunda ampliación que se realiza en el servicio vigente desde 2022, lo que hace aumentar la capacidad para que 1.200 nuevas personas con dependencia cada mes reciban estas ayudas e incrementar el número de horas de atención en un promedio de 30.000 mensuales.
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ofrece cuidado domiciliario a personas dependientes a través de trabajadores especializados contratados por las empresas adjudicatarias. Por un lado, se facilita atención personal y el acompañamiento en salidas para pasear o ayudas en gestiones acudir a una farmacia, a un centro de salud o a una entidad bancaria durante las horas reconocidas por el sistema de dependencia -para promover la mayor autonomía y participación social de los usuarios-.
Por otro, se facilita la atención doméstica como la limpieza en su hogar, preparación de las distintas comidas, compra de alimentos o tareas de mantenimiento básico de utensilios de la vivienda.
El Ejecutivo regional también ha autorizado este miércoles otro medio millón de euros para el mantenimiento de los servicios de teleasistencia en la zona metropolitana oeste, de la que se benefician 16.300 madrileños.
Con ello se apoya la permanencia en su propio domicilio a aquellas de avanzada edad, con discapacidad, enfermedad o con aislamiento social, para mejorar su seguridad, su independencia y detectar y prevenir situaciones de riesgo.