El Ministerio de Justicia encara este jueves una nueva reunión para llegar a un acuerdo que evite la huelga de jueces y fiscales con el reproche expreso de la asociación mayoritaria de jueces, que ya ha avisado de que la propuesta presentada el pasado martes por el equipo de Pilar Llop sigue siendo «insuficiente e inasumible».
De cara a la quinta reunión de la Mesa de Retribuciones, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido un comunicado en el que lamenta que «no haya cambio alguno en la actitud» del Ministerio porque, a su juicio, la nueva propuesta «es idéntica» a la que conocieron y rechazaron la semana pasada, en referencia a la oferta que contempla una aportación de 46,7 millones de euros para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales. Aún así, ha asegurado que acudirá a la reunión «con voluntad negociadora y actitud constructiva».
Está previsto que este jueves las asociaciones de jueces y fiscales desvelen si aceptan la propuesta de Justicia de subirles hasta 450 euros al mes a los casi 8.000 miembros de la carrera, una cifra que hace una semana desestimaron al considerar insuficiente. La decisión que adopten servirá también para esclarecer qué pasará con la huelga indefinida que en un principio convocaron cinco de las siete asociaciones para el 16 de mayo y que luego suspendieron en aras de continuar con las negociaciones.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han informado de que un 79,84% de sus asociados han votado a favor de que se apoye la propuesta del Ministerio. El 16,6% ha votado en contra y el 3,55% se ha abstenido.
Así las cosas, han avanzado que –«recogiendo este mayoritario sentir asociativo»– mantendrá una «actitud constructiva» y «responsable» para «la búsqueda de un acuerdo que evite que se incrementen los perjuicios» a la Administración de Justicia.
CUATRO REUNIONES FALLIDAS
La de este jueves, a las 12.00 horas, será la quinta reunión que se celebre en el marco de la Mesa de Retribuciones, en la que participan las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, así como el Ministerio de Justicia y el de Función Pública, tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
La primera reunión, la del 3 de mayo, culminó sin acuerdo después de que el departamento que dirige Pilar Llop pusiera sobre la mesa una oferta de 44 millones de euros para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales. Fuentes cercanas a la negociación precisaron que esta cifra inicial representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones habían denunciado que la pérdida de ambas carreras había sido cercana al 20%.
En una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta en dos millones de euros y llegó a los 46,7 millones. Según fuentes consultadas, esta subida se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.
Las mismas fuentes han apuntado que los incrementos negociados en el marco de la Mesa de Retribuciones se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.
La división entre las asociaciones de jueces y fiscales frustró la tercera reunión y abocó a la Mesa de Retribuciones a reunirse de nuevo el martes 16 de mayo, fecha para la que estaba convocada la huelga indefinida que «de momento» se mantenía. Aquel encuentro culminó sin acuerdo –tras más de seis horas de negociación– toda vez que no fue posible que las asociaciones llegaran a un pacto para aceptar la oferta de 46,7 millones de euros. Solo las dos asociaciones progresistas –JJpD y UPF– se manifestaron a favor de firmar el acuerdo con Justicia.
Esta semana, se reanudaron las negociaciones después de que las cinco asociaciones convocantes de la huelga acordaran suspenderla para continuar con las negociaciones. Cuatro de estas asociaciones –AJFV, FJI, AF y APIF– se mostraron a favor de retrasarla hasta el 22 de mayo. La APM fue la única que no fijó fecha. La huelga, de momento, no se ha desconvocado.
Fue el martes, cuando el equipo de Llop presentó una nueva propuesta y dio un plazo de 48 horas a las asociaciones para responder al unísono si la aceptan o no. Dicho ofrecimiento no mejoró la oferta económica de 46,7 millones de euros, pero incluyó otra serie de propuestas.
LA PROPUESTA DE JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía, además del incremento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de la «suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización. Según recalcó, las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia también «verían fortalecido su papel ejecutivo».
Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio dirigido por Llop planteó «abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión, en los anexos de la Ley 15/2003, de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área».
Además, el Gobierno propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un «nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado». «A tal fin, se constituirán grupos de trabajo permanentes, y la Comisión se convocará con carácter anual, para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos», detalló Justicia.
Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y «un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024», según explicó el Ministerio.
Este jueves, tras consultar a sus respectivas ejecutivas, las asociaciones de jueces y fiscales responderán al Ministerio si aceptan o no. Queda ver si llegan a un acuerdo o si se frustra la negociación.
