¿Qué está pasando en Baleares con la venta de viviendas a
personas que no residen en las Islas? El Gobierno de las Islas Baleares está formado por un tripartito de izquierdas,PSOE, partido que ostenta la presidencia con Francina Armengol, Podemos, que aporta
el vicepresidente del gobierno con Juan Pedro Yllanes, y los nacionalistas de Més per
Mallorca.
Desde el inicio de la legislatura se ha utilizado la problemática de la vivienda que
existe en Baleares como arma arrojadiza y que está dividiendo a la sociedad entre lo que ellos
consideran ricos y pobres, entre los “de aquí” y los “de fuera” empleando siempre
argumentos de división y confrontación.
La última ocurrencia hasta el momento, presentada por Podemos pero avalada
por el PSOE, es la limitación a la compra de viviendas a los no residentes en
Baleares. Los hechos son los siguientes:
Con fecha de 25 de octubre de 2022, el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares
aprobó una Resolución cuyo punto número 7 insta al Gobierno de las Islas a realizar
las gestiones necesarias para limitar la adquisición de viviendas por parte de no
residentes o de personas con menos de cinco años de residencia. (BOPIB núm. 180
de 11 de noviembre de 2022).
Con fecha de 16 de noviembre de 2022, el Pleno del Senado aprobó una moción
(número de expediente 662/000145) que incluía entre otros aspectos lo que sigue:
“El Pleno del Senado insta al Gobierno a:
[…]
2) Colaborar con el Gobierno de las Illes Balears en el análisis de alternativas a la
situación actual de adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes
en los territorios insulares, comparando las experiencias similares en el ámbito europeo
e internacional y valorando la aplicabilidad de las mismas en nuestro entorno”.
En el texto propuesto original de la citada moción se proponía explícitamente la
creación de “Un marco normativo que permita la prohibición de la venta de viviendas a
no residentes en las Illes Balears”. (Nº. de registro 158826, nº de documento
662/000145/0001). En el texto propuesto original de la citada moción se proponía
explícitamente la creación de “Un marco normativo que permita la prohibición de la
venta de viviendas a no residentes en las Illes Balears” (mociones con n.os de
expediente 10-2022/INTE-0020 y 10-2022/INTE-0027).
Con fecha de 22 de diciembre de 2022, la Mesa del Parlamento Balear ha admitido
a trámite determinadas Proposiciones no de Ley, a tramitar ante el Pleno, entre ellas
la que insta al Gobierno autonómico a impulsar una Ley que permita restringir la
compra de viviendas a personas no residentes en las Islas con objeto de evitar la
especulación actual en la adquisición de viviendas. (BOPIB núm. 186 de 23 de
diciembre de 2022).
Con fecha de 21 de febrero de 2023 en el Parlamento de las Islas Baleares se insta
nuevamente al Gobierno de las Islas a “impulsar coordinadamente con el Gobierno
del Estado y las instituciones de la UE una ley que contemple las medidas necesarias
que permitan restringir la compra de vivienda a personas físicas o jurídicas no
residentes con el fin de evitar la especulación actual en torno a la vivienda”.
CONTRA LOS EXTRANJEROS… Y CONTRA LOS ESPAÑOLES NO BALEARES
El Gobierno regional trata de centrar el debate en los extranjeros y pone el foco en
el alemán o el sueco rico que viene a comprar las mansiones de la tierra. Pero no es así,
un madrileño, un catalán o un andaluz, un español en cualquier caso, tampoco podrá
comprar una vivienda en Baleares. ¿Qué derecho tienen a prohibir? Ninguno. Y así lo avala la legislación vigente. Esta medida choca con los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y con el artículo 21 del propio Tratado de Funcionamiento. Tampoco estaría amparada por el Acta de Adhesión del Reino de España a las (entonces) Comunidades Europeas. Es una medida que atenta contra la
Constitución Española y contra toda libertad.
Una medida que va en contra del derecho a la propiedad privada y en contra de la libertad de bienes y servicios. Limitar la compraventa a personas que no viven en las islas tendrá un efecto
devastador para la economía balear porque más del 25% del PIB de Baleares está
relacionado con el sector inmobiliario y son muchos agentes implicados además de las
inmobiliarias, constructores y promotores.
Al frenar el mercado también se frenará la actividad de electricistas, albañiles, instaladores, carpinteros, fontaneros, pintores, notarios, registradores y un largo etcétera de profesiones que están directa o indirectamente ligadas a la actividad inmobiliaria. ¿De qué van a vivir todos estos
profesionales si desaceleramos el mercado inmobiliario?
Limitar la venta de viviendas a no residentes provocaría un fuerte aumento del paro
y una fuerte caída de la recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Más de un 70% de los impuestos de recaudación directa en Baleares proviene del
Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP), ingresan más de 1 millón de euros en ITP.
En Baleares vivimos una situación de emergencia habitacional. Nadie quiere venir a
trabajar a las Islas por la falta de vivienda, por la constante subida de precios y por las
medidas coercitivas que se quieren imponer.
La socialista Armengol vive bajo el yugo del delirio de sus socios de gobierno con
el único propósito de mantenerse en el poder. El pasado 13 de febrero el Gobierno de
Pedro Sánchez, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al
Congreso, contestaba a Podemos rechazando de manera taxativa la prohibición de
compraventa a los no residentes utilizando el argumento de la UE y el amparo de la
institución europea al derecho de los ciudadanos a comprar segundas residencias en
cualquier otro Estado y la prohibición a todas las restricciones a los movimientos de
capitales entre los Estados miembros.
El tripartito balear hace caso omiso a las directrices nacionales porque lo único que le importa es expulsar de las islas a todo el que no lleve un lustro residiendo en la comunidad. La mala previsión y las continuas limitaciones/prohibiciones han ahogado a los ciudadanos Baleares que sufren un
empobrecimiento continuo por culpa de estos errores. La medida es un esfuerzo
electoralista y populista de tapar esos errores, a sabiendas que no tiene recorrido ni
fundamente jurídico.
