El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, publicado por Transparency International, revela escasos avances contra la corrupción en un mundo cada vez más violento y concluye que España se estanca en la prevención y lucha contra esta lacra.
Dicho IPC clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, medido a través de datos obtenidos de 13 fuentes expertas externas, en una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy transparente).
En concreto España no avanza en sus esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción, bajando de nuevo un punto con respecto al año pasado y obteniendo una puntuación de 60/100. Con esta calificación, España ocupa la posición 35/180 del ranking global del IPC, junto con Botswana, Cabo Verde y San Vicente y las Granadinas. Desciende así un puesto con respecto al IPC2021 y de tres con respecto al IPC2020.
En definitiva, España vuelve a bajar un punto por segundo año consecutivo. Por otro lado, España se mantiene en el puesto número 14/27 de los Estados Miembros de la Unión Europea, dos puntos por debajo de Portugal y Lituania (62/100) y sólo un punto por encima de Letonia (59/100).
De acuerdo con la metodología del IPC, una diferencia de un punto de un año a otro no constituye un descenso estadísticamente significativo. Sin embargo, una caída por segundo año consecutivo, es una clara señal de riesgo y peligro de seguir descendiendo en el año siguiente. Ello refleja que en España sigue latente un nivel de factores que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y elevan el riesgo de corrupción.
En relación con las distintas fuentes utilizadas España se ha visto principalmente afectada por su descenso en los parámetros medidos en el Global Risks Report 2022 del Foro Económico Mundial (WEF- GRR), según el cual España ha obtenido una peor puntuación el la dimensión referida a la categoría de pagos irregulares en servicios públicos, exportaciones e importaciones y decisiones judiciales en casos de corrupción.
En su conjunto, sin embargo, hay otras causas señaladas en diversas fuentes que no se pueden soslayar y que han afectado a la valoración de conjunto que hace el IPC. En este sentido, indica que España sigue sin cumplir los estándares que marca el Consejo de Europa sobre los consejos generales de la judicatura, sigue retrasada en la regulación adecuada de los grupos de interés; incompatibilidades y prevención de conflictos de interés del personal al servicio del sector público, así como un retraso notable en relación con la adopción de un nuevo marco regulatorio de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Asimismo, seguimos aún sin aprobar la ley de protección de las personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción.
Por otro lado, otros factores reseñables son el manteniendo del programa de los llamados “visados dorados” así como la falta aún de creación del Registro central de Titulares Reales. A ello hay que añadir también que varios de los compromisos asumidos por las Administraciones Públicas en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto aún no se han cumplido.
Finalmente, señala que otro punto a destacar, es que -a pesar de lo que dispone el Código de Conducta de las Cortes Generales- más de la mitad de los parlamentarios no publican sus agendas institucionales y las que se publican contienen información absolutamente desigual, así como la inexistencia de transparencia de las reuniones que se mantienen con grupos de presión. Todos estos aspectos inciden de forma patente en nuestra capacidad para seguir avanzando en materia anticorrupción.
Según Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International-España, “a pesar de que el año pasado constatábamos la existencia de una potente agenda legislativa para la prevención y lucha contra la corrupción que parecía augurar que el descenso sufrido en el IPC 2021 se podría haber recuperado de haberse materializado de forma efectiva las reformas legales anunciadas, hoy constatamos que las demoras en sacar adelante las reformas legales necesarias han pasado factura y se vuelve a descender un punto. Por eso hoy, hacemos un llamamiento al Parlamento para que no demore más en sacar adelante las leyes necesarias destinadas a la prevención de la corrupción y al refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas».
EN EL MUNDO
El IPC 2022 muestra que el 95 % de los países ha avanzado poco o nada desde 2017. La media mundial del IPC se mantiene por undécimo año sin cambios con un 43/100, y más de dos tercios de los países ostentan un problema grave de corrupción, con una puntuación inferior a 50/100.
Dinamarca (90/100) encabeza el índice este año, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda, ambas con 87 puntos sobre cien. La solidez de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos hacen también de estos países algunos de los más pacíficos del mundo, según el Índice de Paz Global.
Sudán del Sur (13/100), Siria (13/100) y Somalia (12/100), todos ellos inmersos en conflictos prolongados, se mantienen, por su parte, en los últimos puestos del IPC. Finalmente, 26 países -entre ellos Qatar (58), Guatemala (24) y Reino Unido (73)- se sitúan este año en mínimos históricos.
«La corrupción ha hecho de nuestro mundo un lugar más peligroso. Como los gobiernos han fracasado colectivamente a la hora de avanzar contra ella, alimentan el actual aumento de la violencia y los conflictos, y ponen en peligro a personas de todo el mundo. La única salida es que los Estados hagan el trabajo duro, erradicando la corrupción a todos los niveles para garantizar que los gobiernos trabajen para todas las personas, no sólo para unas pocas élites”, indicó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency International.
