Los okupas siempre han estado ahí y producen preocupación en la población por falta de herramientas legales para poder echarlos. Sin embargo, cuando se habla de números parece que siempre resbalan. Según los datos de la Administración del Estado, la ocupación ha incrementado un 40% desde el año 2018. Después de la pandemia, parece que esta práctica comenzó a ser más común y la normativa no parece cambiar al respecto.
La ciudadanía cada día se siente más vulnerable y desprotegida. ¿Qué ocurre en otros países de la Unión Europea? ¿También ha aumentado el porcentaje de ocupaciones?
¿Cuál es el problema que generan algunos okupas?
Los okupas (como la propia palabra indica) ocupan una vivienda que es propiedad de otra persona por lo que están generando un problema al residente. Sin un procedimiento judicial adecuado, la espera para poder recuperar la vivienda se puede alargar hasta los 3 años lo que genera un gran estrés junto con un gran sentimiento de incertidumbre.
Esto se debe a que no solo se pierde la vivienda sino que también debe seguir haciéndose cargo del mantenimiento de la casa. Esto quiere decir que la luz y el agua siguen estando a nombre del propietario por lo que el okupa no tiene que hacerse cargo de ningún gasto. En este tipo de gastos también se incluye la comunidad. La situación puede ponerse aún peor ya que también se puede sumar la hipoteca.
Actualmente, existe una ley llamada Enjuiciamiento Civil que consiste en desalojar a los okupas solo si son pillados en el acto. Esto se conoce como «delito flagrante«, pero el problema de esta situación es que es muy complicado encontrarlos en el instante perfecto. En cuanto entren a la vivienda y cambien la cerradura, el propietario se queda sin las herramientas para poder echar de su casa a los usurpadores.
En ese momento, hay que proceder por la vía judicial para proceder con el desalojo de los okupas a través de una demanda civil de desahucio. Esto genera un sentimiento de frustración muy grande para los propietarios y un sentimiento de impunidad a los que deciden ocupar viviendas.
¿Qué es lo que hacen otros países de la Unión Europea con los okupas?
El tiktoker Xavi Abat, conocido como el abogado de TikTok, ha explicado en uno de sus vídeos cómo lidian algunos de los países de Europa con este conflicto. En el caso de Francia, ocupar una vivienda de forma ilegal se llega a castigar con un año de prisión y una multa de 15 mil euros. Si se ha llevado a cabo en menos de 2 días, el propietario de la vivienda tiene que avisar a la policía para que pueda tener la autorización de expulsar a los okupas de manera instantánea. Esto quiere decir que no tiene que contar con la aprobación del juez, pero en el caso de que haya pasado más tiempo, tendrá que denunciarlo y esperar a que el juez dé la orden de desalojo.
Alemania tiene una ley que permite el desalojo de los okupas en 24 horas después de haber denunciado la ocupación. En este caso, hacerlo de manera ilegal se castiga con prisión de un año y dependiendo de la situación puede estar acompañada de una multa. También puede empeorar el castigo si se realiza por medios violentos.
En el caso del Reino Unido, la ocupación se puede llegar a castigar con penas de hasta 51 semanas en prisión y multas de hasta 5 mil libras. En el caso de que la policía tenga la sospecha de que existe una ocupación ilegal, puede acceder a la vivienda sin necesidad de una orden judicial. En el país anglosajón, los propietarios tienen dos opciones: denunciar de manera directa por posesión o rellenar un formulario de «orden de posesión interna». Este último formulario se puede enviar a la policía con un máximo de 28 días de margen desde que se realiza la ocupación. Los okupas pueden ir directamente a prisión si no abandonan la casa en un máximo de 24 horas después de recibir la notificación policial.
Italia otorga a sus ciudadanos la posibilidad de denunciar a la policía. Después, de celebra un juicio rápido y los policías pueden encargarse de echar a los okupas. En este país vecino, la ocupación se llega a castigar con un máximo de 2 años de prisión y una multa que varía de entre los 103 y 1.032 euros. Al igual que en Francia, puede incrementarse si se ha utilizado la violencia en la ocupación o el uso de armas.
Estos países de la Unión Europea ofrecen castigos con cárcel para los que se atrevan a ocupar una casa que tiene otro propietario. ¿Debería España modificar la ley para parecerse a sus vecinos europeos? ¿Seguirán aumentando las ocupaciones o se conseguirán disminuir? La ciudadanía está hablando y el Gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto.
