La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles que la modificación del Código Penal impulsada por el Gobierno con la que se rebajan las penas por el delito de malversación sigue manteniendo el «reproche penal» a la corrupción, que se va a perseguir con una «dureza intensificada».
En estos términos se ha expresado al ser preguntada en una entrevista con Antena 3, sobre si cree que va a haber un goteo de rebajas de penas por malversación después de que un juez de la Audiencia Nacional haya solicitado a la Fiscalía revisar su petición en el caso ‘Acuamed’ al advertir que la reforma de este delito podría desencadenar una posible reducción de condenas.
La también vicesecretaria general del PSOE ha señalado que en este caso concreto aún no hay una sentencia al estar en fase de instrucción y ha indicado que lo que ha hecho el Gobierno es «homologar» el Código Penal con otros delitos «similares» que existen en países europeos, por lo que ha rechazado que se hayan despenalizado los tipos relacionados con la malversación: «Todos tienen penas de cárcel».
«Hablamos de situaciones que tienen un reproche penal y por tanto se trata de que la corrupción se siga persiguiendo con la dureza intensificada del nuevo delito a raíz de esta modificación», ha manifestado Montero, para referirse a la «obligatoriedad» de los cargos públicos de declarar el origen de un incremento de patrimonio, que puede ser «legítimo» pero requiere «transparencia».
NO SE HA PACTADO LA ABSOLUCIÓN DEL ‘PROCÉS’
Montero ha incidido en que la nueva reforma penal diferencia la malversación que se comete cuando alguien se apropia de dinero público para enriquecerse personalmente, de cuando se desvían fondos a un destino distinto al que inicialmente estaba previsto.
Y cuestionada sobre si el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pactado con los líderes independentistas del ‘procés’ cambiar el Código Penal para que terminen siendo absueltos y puedan presentarse a las próximas elecciones, Montero ha negado que esto se haya acordado.
«El Gobierno no pacta nada, evidentemente», ha resaltado la titular de Hacienda, antes de señalar que cada persona –en alusión a los condenados por el ‘procés’– ejerce sus derechos procesales «de la manera que sus abogados y ellos mismos estiman conveniente».
