La cruzada del Gobierno contra la temporalidad y un empleo de calidad continúa, al menos supuestamente. Por un lado acaba de aprobar nuevos incentivos a la contratación para lograr empleos estables, pero por otro lado sigue aumentando el coste empresarial en la contratación y España sigue siendo un país anquilosado laboralmente y con un mercado laboral muy encorsetado, alejado de los estados más liberales y de paso con menor tasa de desempleo.
Muchos dirán que la China comunista también tiene casi pleno empleo, al parecer real y no fruto de la propaganda del partido. Sin embargo, tanto su economía como su mercado laboral es de lo más capitalista y liberalizado del mundo.
Veamos primero las medidas del Gobierno y cómo, previsiblemente, una vez más se topará con el muro de unos males endémicos y estructurales que no por casualidad hacen siempre de España líder del paro en Europa.
EL PRETENDIDO «REFLOTE» PARA UN EMPLEO ESTABLE
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de los incentivos a la contratación laboral, por la que se establece un nuevo ‘mapa’ de bonificaciones para promover la contratación y el mantenimiento del empleo estable del conjunto de los trabajadores. Prioritariamente, sin embargo, está dirigido a los considerados colectivos vulnerables o de baja empleabilidad, como parados de larga duración, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con el Real Decreto-ley aprobado, «todo» el sistema de incentivos se dirige a fomentar la estabilidad del empleo, de forma que deja de «premiarse» la contratación temporal, salvo para los contratos de sustitución ligados a la conciliación de la vida laboral y familiar.
«todo» el sistema de incentivos se dirige a fomentar la estabilidad del empleo
Díaz ha argumentado que las bonificaciones a la contratación se habían convertido en un «peso muerto», pues favorecían a las personas que estaban en mejor posición en el mercado laboral en lugar de a las más vulnerables.
Con esta norma, que entrará en vigor en septiembre, se corrige esta situación, se adapta el sistema de incentivos al marco contractual de la reforma laboral y desaparecen «definitivamente» las reducciones de cotizaciones.
Y siempre hay condiciones. Las empresas que reciban incentivos a la contratación tendrán que mantener el empleo durante tres años. Estos incentivos, que anteriormente estaban «dispersos» en varias normas, pasan a ser lineales, y no porcentuales. Así, por ejemplo, la contratación de jóvenes menores de 30 años no cualificados se bonificará con 275 euros mensuales.
LO QUE SE DA, SE PUEDE QUITAR
Más condiciones: la norma establece que las empresas que procedan al traslado de su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de la Unión Europea o del de Espacio Económico Europeo (EEE) deberán proceder a la devolución de todas las bonificaciones a la Seguridad Social de las que se hayan beneficiado durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, con el recargo y los intereses de demora correspondientes. Igualmente tendrán que reintegrar las subvenciones públicas obtenidas en materia de contratación y empleo.
Díaz ha subrayado que se han eliminado «un montón» de bonificaciones y se han creado otras nuevas, como la de los menores de 30 no cualificados ya mencionada o la que se concederá por convertir contratos eventuales de trabajadores agrarios en fijos-discontinuos.
También se contemplan bonificaciones para impulsar el autoempleo y la economía social, permitiéndose la capitalización de la prestación por desempleo para que los trabajadores por cuenta ajena puedan adquirir la condición de socios trabajadores o de trabajo.
FOMENTAR EL EMPLEO PARA LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN
Por otro lado, la contratación fija de parados de larga duración (110 euros al mes) se eleva hasta los 128 euros al mes si la persona contratada es mujer y también si se tienen 45 o más años. Respecto del contrato de formación en alternancia, se establecen bonificaciones equivalentes a las que resultarían de aplicar el 75% a las cuotas empresariales únicas previstas para este contrato y el 100% en función del tamaño de la empresa.
Los beneficios en las cuotas de la Seguridad Social previstos por la transformación en indefinidos de contratos formativos incrementan su cuantía un 200% para igualarla a la prevista por la conversión en indefinido del contrato de formación en alternancia.
Además, al igual que se hace con la bonificación por transformación del contrato de relevo, se elimina de la normativa que sólo puedan beneficiarse de esta bonificación las empresas con menos de 50 trabajadores en alta, como sucede actualmente.
La norma regula las bonificaciones en las cuotas patronales de la Seguridad Social relativas a la contratación de personas con discapacidad, en los contratos suscritos por empresas de inserción y en los contratos de sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencias sexuales, que mantienen las bonificaciones actuales.
EL PANORAMA REAL
¿Serán estas medidas eficaces o cambiarán el rumbo laboral desastroso del mercado español? No parece, a tenor del análisis de los expertos, que, una vez más, están avalados por ese paro estructural que parece imposible de eliminar. Y es que la clave es la liberalización del mercado, donde al final empleados y empresarios pecan a veces de lo mismo: inflexibilidad. El empleado se aferra a su indemnización y el empresario aprovecha recovecos legales y se retroalimenta de esas supuestas prácticas.
Al final, las empresas se ven atenazadas por esos costes de despido y acaban escogiendo los menos antiguos, porque en muchos casos puede suponer darle al trabajador dos años de salario. A años luz no ya de Estados Unidos o de los muy socialdemócratas estados nórdicos, donde el mercado laboral está totalmente liberalizado y hay despido libre y sin coste. La movilidad laboral es así total.
Todo ello hace que paradójicamente se consiga lo contrario a lo pretendido y que ningún incentivo parece que podrá evitar: el empresario opta por la temporalidad, a sabiendas incluso que con las leyes españolas puede bordear la irregularidad. El trabajador se acaba convirtiendo en pasivo en vez de activo. Mientras tanto el Gobierno, en vez de romper con estos corsés contra la movilidad laboral y profesional, aprueba nuevas regulaciones que agravan la situación.
