La ley trans ya se ha aprobado. Y ahora desde el Gobierno hay más de uno que se ha puesto a la defensiva porque están convencidos de que llegarán los problemas. Cuando hablamos de estas personas que están en guardia nos referimos a dirigentes de Unidas Podemos, especialmente aquellos que trufan el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Derechos Sociales. Los problemas llegarán porque hay fallos técnicos en la norma que ya han sido advertidos tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por expertos, pero desde el Gobierno la sensación es bien distinta. Para los socialistas, que Irene Montero siga protagonizando escándalos de este tipo es una “gran noticia”, tal y como detallan fuentes del Ejecutivo.
Hay voces en el Ejecutivo, muy solventes y de alto nivel, que dejan claro que lo ocurrido con la ley del solo sí es sí ha sido un parapeto perfecto para el Gobierno, pues dio cobertura para negociar los Presupuestos Generales mientras los medios conservadores se dedicaban a contabilizar los delincuentes sexuales que han salido beneficiados por la ley del solo sí es sí. Con la ley trans esperan que pase exactamente lo mismo. Algo que viene muy bien en pleno periodo preelectoral.
La ley trans presenta pequeños puntos que podrían ser conflictivos a nivel social. Hablamos de asuntos relacionados especialmente con la identidad, aunque hay otros relacionados con las ayudas públicas que también harán exactamente lo mismo que hizo la ley del solo sí es sí: lo contrario a lo que pretende. Todo por errores de definición y explicaciones técnicas mal llevadas. Pero estas advertencias no preocupan a un PSOE que está “encantado” de ver cómo Irene Montero se lleva todos los focos mediáticos.
LOS PUNTOS CONFLICTIVOS DE LA LEY TRANS
La ley trans de la ministra de Igualdad, Irene Montero, se abre a asuntos muy polémicos que traerán cola y quejas. Una de las cuestiones clave es que si un menor de edad siente que sus padres no respetan su identidad sexual (no especifican la edad, por lo que se entiende que con el mero hecho de tener menos de 18 años es suficiente) puede recurrir al Estado para que intermedie en la situación. El problema es que si la administración entiende que los padres no respetan la identidad sexual de su hijo, directamente le pueden quitar la custodia. Algo que no todos entienden en el Congreso y que abre una puerta peligrosa.
El artículo 6 de la ley de Montero es contundente. En su apartado segundo, se especifica que «las personas menores de dieciocho años incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley tienen derecho a recibir de los poderes públicos del Estado y las Comunidades Autónomas, en el marco de sus respectivas competencias, la protección y atención necesarias para promover su desarrollo integral, así como el ejercicio pleno del derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual y expresión de género. La negativa a respetar la identidad sexual o de género de una persona menor de dieciocho años por parte de las personas que ostenten la patria potestad o la tutela legal, será considerada situación de riesgo”.
La letra pequeña del texto de la ministra augura un caos administrativo importante debido a que Irene Montero ha convertido el ser transexual en una condición mucho más amplia de lo que hasta ahora se concebía. Ya no es un hombre o una mujer atrapado en el cuerpo del sexo contrario; ahora, las «personas trans» serán «transgénero, transexuales, travestis, hombres o niños con vulva, mujeres o niñas con pene, variantes de género, queer, personas no binarias u otros». Y todos ellos tendrán acceso a la renta activa de inserción, por lo que si antes era difícil acceder a ella por la falta de recursos, que se preparen los nuevos integrantes que con la ley trans pueden acceder a una subvención pública.
En primer lugar habría que explicar todas estas nuevas variantes de «personas trans» que ha querido incluir Montero en su ley. Sobretodo ese «u otros» que denota cierto cansancio de la administración pública por enumerar las miles de formas de ser transexual que hay, según el criterio del flamante Ministerio de Igualdad. Por el momento, una persona trans, en el sentido más «clásico» del concepto (entiéndase la expresión), podía acceder a una ayuda por problemas de inserción laboral. Coloquialmente se conoce como la RAI (renta activa de inserción), y es una prestación para personas que tienen dificultades para encontrar trabajo y llevan demasiado tiempo en el paro (algo que han padecido y padecen los transexuales). Sin embargo, la nueva ley de Montero pondrá en riesgo esta prestación dado que será mucho más complicado acceder a ella, tal y como aseguran juristas a QUÉ.
