La nueva polémica del Gobierno de Sánchez se centra esta vez en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el impuesto de solidaridad, el ‘truco fiscal’ para obligar a pagar el impuesto de Patrimonio en las comunidades autónomas que lo han eliminado. Esta ha sido una de sus medidas estrella del plan fiscal que tendrán los presupuestos de 2023. Irá dirigido a los patrimonios superiores a tres millones de euros, y tendrá una segunda intención para que dichas autonomías no puedan eliminar directamente este impuesto, de manera temporal.
La polémica se ha generado, como casi siempre, cuando se recuperan antiguas declaraciones de la ministra. No debemos remontarnos mucho en el tiempo. Hace 6 meses, Montero descartó totalmente cualquier rebaja fiscal para poder aliviar las cargas fiscales de todos los españoles. “Bajar impuestos significa debilitar el Estado de Bienestar”, afirmó.
El ‘truco fiscal’
Con esta medida, habrá subidas de impuestos para algunos contribuyentes y rebajas para el resto. Se ejecutará durante los años 2023 y 2024 y se pretende recaudar 3.144 millones de euros. El plan incluye ciertas rebajas fiscales para las rentas salariales de hasta 21.000 euros, para los autónomos y las pymes con una facturación de hasta un millón de euros. Por el otro lado, se subirán los impuestos para las rentas de capital a partir de 200.000 euros y para los patrimonios netos desde los 3 millones de euros. Estos deberán pagar el nuevo gravamen estatal sobre las grandes fortunas.
El debate está servido. Dependiendo del punto de vista político desde el que se mire, las lecturas pueden ser dos. La primera va dirigida a criticar la decisión de Montero por torpedear a las grandes empresas que generan empleo y son proclives a mejorar el Estado de Bienestar, y la otra alaba la decisión de la ministra por subir los impuestos a las grandes empresas que disponen de las mayores fortunas y facilidades a la hora de salir adelante con sus negocios.
El cambio drástico de opinión
«El conjunto de nuestras medidas no es caprichoso, sino que responde a la necesidad de un reparto justo de las cargas», dijo la ministra Montero durante la rueda de prensa. También ha querido defender su modelo fiscal frente a los que buscan «bajar los tributos a las élites» y «un vaciamiento fiscal que necesita del populismo para alimentarse», ha dicho Montero, en alusión a las rebajas tributarias del partido político enemigo.
Pero si nos remontamos 6 meses atrás, el 31 de marzo, durante las negociaciones del Gobierno para aprobar el Plan Nacional de Sánchez que trataba de frenar la inflación desbocada, la ministra tenía otra opinión muy diferente. El PP de Feijóo le pidió a cambio de su apoyo al plan una rebaja fiscal que Montero decidió rechazar rotundamente con estas palabras: “El Gobierno no comparte que se puedan abordar las crisis con recortes a los ciudadanos. El eslogan de que todo se soluciona bajando impuestos significa debilitar el Estado de Bienestar”. El plan se acabó aprobando en el Congreso a finales del mes de abril.
Es aquí cuando el término ‘solidaridad’ se desvirtúa más o menos según la ideología política que tengamos. La realidad, es que la ministra Montero ha decidido cambiar su decisión en tan solo seis meses, para poder beneficiar y ‘solidarizarse’ en términos fiscales con las empresas más pequeñas y vulnerables. Sin lugar a duda, esta decisión va a ser una nueva ‘excusa’ del PP de Feijóo para seguir achacándole a Sánchez y a su gobierno la dudosa gestión que están haciendo, con unas elecciones generales que cada vez están más cerca y que cada vez se decantan más (por lo menos en las estadísticas) hacia la oposición de Montero y su partido.
